El 13 de octubre se cumplieron cuatro años desde la instalación del legítimo Tribunal Supremo de Justicia, por lo que su Presidente, Magistrado Antonio Marval, llama la atención sobre los acatamientos pendientes a relevantes sanciones emitidas desde la sesión realizada en La Casa de las Américas de la Organización de Estados Americanos, incluyendo la condena de Nicolás Maduro por el juicio en torno al caso Odebrecht.
Señala Marval, que los magistrados, tras su juramentación por la Asamblea Nacional electa en 2015, han sufrido un forzado exilio a causa del régimen de Nicolás Maduro, y pese a todas las dificultades se han enfocado en la reconstrucción de la independencia y la autonomía del gobierno judicial que representan. En ese marco se han emitido más de 60 pronunciamientos, entre sentencias, acuerdos y comunicados.
En un mensaje audiovisual difundido por el Tribunal a través de sus redes, se enfatiza que Nicolás Maduro está judicialmente destituido, condenado a 18 años de presidio, y obligado a resarcir daños patrimoniales a la República por un monto de 35.000 millones de dólares. Sentencia que fue emitida en agosto de 2018 tras proceso incoado por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien imputó graves cargos de corrupción por el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
*Magistrados han intervenido de pleno derecho en los casos más relevantes de Venezuela
Explicó el máximo representante de esta instancia, que dada la circunstancia social que golpea a los venezolanos, se sentenció la legalidad de la apertura de un canal humanitario que en medio de la crisis agravada, permita de manera expedita la captación de donaciones y adquisiciones de recursos medicinales y alimenticios para los venezolanos.
También se presentó como parte importante del balance, el exhorto a la comunidad internacional, para que con base en la doctrina de la Responsabilidad de Proteger (R2P), se pueda conformar una coalición militar humanitaria que actúe en Venezuela para facilitar pacíficamente los cambios por los que clama la mayoría de la población.
“Recordamos también en esta fecha, que el Tribunal sentenció la nulidad del retiro de la República Bolivariana de Venezuela, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que queda planteado el acatamiento de deliberaciones y decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana” dijo Marval.
Los magistrados sentenciaron también la nulidad de la Asamblea Constituyente, el evento del 20 de mayo de 2018 por el cual Nicolás Maduro se consideró reelecto, y los comicios para renovar el Poder Legislativo, celebrados el 6 de Diciembre de 2020. En todos los casos, se arguyen graves vicios que derivaron en la deslegitimación de los cargos electos y sus ulteriores decisiones, incluyendo el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral.
- El Tribunal también estudió a fondo delitos ambientales y redimensionó la protección de los derechos humanos.
Un caso especial tratado por el cuerpo colegiado, ha sido el del denunciado como el peor crimen ambiental que sufre hoy el planeta, por lo que a tiempo se sentenció la nulidad de la creación y la prohibición de la explotación del denominado proyecto del Arco Minero Venezolano.
Más recientemente, la institución ha echado a andar un proceso de revisión de las acusaciones y decisiones judiciales que han agravado la criminalización del pluralismo en Venezuela, y a razón de estos estudios, se anulan sentencias y se instruye un expediente contentivo de las faltas y/o delitos que estén cometiendo funcionarios judiciales acrecentando los casos de presidios de conciencia.
Especial acento se coloca en el anuncio del progreso de la sentencia de la Sala de Casación Penal, que previo estudio profundo del fenómeno del terrorismo de Estado y desde el Estado, está derivando en la solicitud a distintos entes internacionales de incorporar a 43 altos mandos del régimen de Nicolás Maduro y al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en las listas de grupos y personas terroristas.
De los hechos noticiosos que dominan la escena pública venezolana, Marval refiere el deseo de que los individuos que han sido detenidos en distintos países por su presunta vinculación con graves delitos que han lesionado profundamente a Venezuela, con sumo respeto al debido proceso en cualquier localidad donde se vaya a realizar la administración de justicia, terminen siendo muestra de reparación de daños a una población que ahora deambula en distintas partes del mundo por la destrucción de su país, y a la que dentro de Venezuela sufre la agudización de la crisis humanitaria.
La Sala Electoral, recordó, también ha dejado claro que el evento convocado para el próximo 21 de noviembre carece de legitimidad. “Porque no están dadas las condiciones para unas elecciones libres y con garantías, porque el Consejo Nacional Electoral no es legítimo, porque no se acata el mandato de desarrollar un sistema esencialmente manual, no se resuelve el tema del voto de millones de personas que salieron del país, el Registro Electoral Permanente no ha sido debidamente saneado y, claro está, entre otras cosas no ay ante quien ejercer reclamos judiciales porque los magistrados de la legítima sala electoral están en el exilio”.