La Sociedad Civil Organizada, Bloque Parlamentario de Lara, individualidades, ONG’s, Colegios Profesionales, Organizaciones Empresariales y sus Cámaras, Asociaciones Sindicales, Estudiantiles, Iglesias, Universidades, Organizaciones Políticas Democráticas (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, La Causa R, Copei Legítimo ODCA, Alianza al Bravo Pueblo, Nuvipa, Encuentro Ciudadano, Movimiento Progresista de Venezuela, Proyecto Venezuela, Izquierda Democrática) quienes conforman el Frente Amplio Venezuela Libre, Capítulo Lara, se dirigen a la opinión pública para fijar posición acerca de las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro Moros.
Ante la convocatoria de elecciones parlamentarias realizada por el ilegalmente conformado Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo diciembre, el Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Lara se pronuncia en los siguientes términos:
1) Para tener una idea completa de las irregularidades que vician las pretendidas elecciones parlamentarias de diciembre próximo hay que remontarse al año 2015.
En diciembre de ese año y luego de que las fuerzas políticas democráticas lograran el control de la Asamblea Nacional (AN), se designó irregularmente, entre gallos y medianoche, en un lapso de 15 días cuando ha debido ser un proceso de meses, a los Magistrados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), evadiendo lapsos y requisitos previstos en la Constitución y las leyes respectivas. Inclusive con jubilación forzosa de Magistrados a quienes no se le había vencido su período en el TSJ, con el sólo propósito de evitar que la AN que se constituyó en 2015, pudiera designar los sustitutos de esos Magistrados cuando le llegara la oportunidad de su jubilación.
2) En enero de 2016 mediante resolución de la Sala Electoral del ilegítimamente constituido TSJ, se declaró a la AN en desacato. Al respecto debe precisarse que la figura del desacato genérica no existe en la legislación venezolana, sólo está previsto el desacato a una orden judicial ante un amparo judicial por parte de órganos administrativos en la Ley de la materia. Por otra parte al ser inexistente la figura del desacato genérico, es igualmente inexistente sanción legal alguna, así que la Sala Electoral impuso una sanción no prevista legalmente al declarar ilegal la nulidad de las decisiones y resoluciones de la AN. Es conveniente aclarar que el desacato se perpetra al desobedecer una orden legalmente dictada por una autoridad legítima, condición que no tenía y no tiene la Sala Electoral por haber sido constituida ilegalmente. El órgano que en verdad está en desacato, si esto pudiera declararse en el país, es El TSJ y todas sus Salas.
3) La Sala Constitucional es la que ordena al CNE convocar las elecciones parlamentarias, excediéndose de sus funciones, ya que es el CNE el órgano que autónomamente debe hacerlo, prueba irrefutable de la violación del principio republicano de la división de los Poderes previsto en la Constitución. Pero además de ello la ilegítimamente concertada Sala Constitucional precisa sus ilegales órdenes a través de actos que llama sentencias. Sin embargo, para que se produzca legalmente una sentencia es necesario un procedimiento, cosa inexistente en el proceder de este órgano. Si no hay un procedimiento, si no hay un debido proceso, no puede producirse una sentencia, lo cual es una constante en las ilegales órdenes que emanan de las distintas salas del TSJ. Suprimir el procedimiento judicial previo a una sentencia, viola el derecho a la defensa y las garantías procesales básicas en un Estado de Derecho. Suprimir el procedimiento Judicial, niega el carácter republicano de muestras instituciones y nos devuelve a la barbarie.
4) El TSJ designó de manera irregular a los Rectores del CNE, con la excusa de una omisión legislativa por parte de la AN, omisión inexistente pues la Comisión designada para tal fin estaba realizando sus funciones para conformar el listado que debía presentar ante la AN para la escogencia de esos Rectores. El TSJ de nuevo viola la Constitución y leyes de la materia al suplantar funciones propias de la AN, careciendo la designación de los Rectores del CNE de la legalidad debida, lo cual viola el derecho de la Sociedad Civil y de las universidades de participar en dicha escogencia y transgrede el requisito personal que deben llenar estos Rectores de no tener relación con organizaciones partidistas, cuando es pública y notoria esta condición en todos los designados ilegalmente por el TSJ. Así mismo el TSJ se inmiscuye ilegalmente de tal manera en la funciones de la AN y las propias del CNE, que se permite designar Presidente, Vicepresidente y altos funcionarios de este último órgano, cuando ello es función autónoma del mismo.
5) El CNE, también infringe el principio de la división de las funciones de los órganos del Estado, al pretender reformar la Ley Orgánica de Procedimientos Electorales, al aumentar el número de diputados a elegir por lista, función de reserva legal que sólo tiene la AN. Viola igualmente la Constitución pues ese número de diputados a elegir deben ser disminuidos o aumentados conforme disminuya o aumente la población en cada Estado, con base en un censo que debe ser autorizado por la AN, requisito que no se ha producido.
6) A todo lo anterior debe añadirse la experiencia sufrida por el elector venezolano acerca de los abusos cometidos por el oficialismo en procesos electorales anteriores que violentan normas propias de una elección libre, al incurrir el Ejecutivo Nacional en la promoción de las candidaturas oficialistas, el abuso acerca del voto asistido, las amenazas hacia miembros de mesas y testigos de las fuerzas de oposición, la no actualización del Padrón Electoral sobre todo actualmente con casi cinco millones de venezolanos empujados hacia el exterior por la política de destrucción económica, social, institucional y moral de nuestra República.
7) Se debe recordar a los que de buena fe promueven concurrir a votar en las futuras elecciones parlamentarias lo sucedido con las elecciones ganadas en buena lid por la oposición. De qué sirvió obtener una mayoría calificada en la AN por parte de las fuerzas democráticas, si éste legítimo órgano fue vaciado de sus funciones a través de las ilegales sentencias del TSJ? Qué sucedió en elecciones regionales ganadas por la oposición si en cada región el oficialismo designó un «protector» para pasarle funciones y presupuesto de las alcaldías o gobernaciones que quedaron en manos de la oposición? Qué sucedió en el Estado Zulia en donde fue despojado de su triunfo el ganador imponiéndose requisitos ilegales a cumplir? En Bolívar, qué sucedió con unas elecciones para gobernador ganadas limpiamente por la oposición y que la denuncia ante los resultados dolosamente amañados no ha sido resuelta en años? Por lo anterior sería ingenuo pensar que participando en estas ilegales elecciones podría traer algún beneficio democrático. Mientras se mantenga el régimen arbitrario, todo esfuerzo por ese camino será obstaculizado por las acciones de hecho que ejerce el gobierno usurpador desde los órganos ilegales como el TSJ, el CNE y la indigna Fuerza Armada.
Con vista en todas estas circunstancias de quebrantamiento de la Constitución y de las leyes se debe concluir que las elecciones parlamentarias convocadas para el venidero diciembre no reúnen las condiciones mínimas de un proceso electoral libre y democrático al cual el pueblo venezolano no debe concurrir.
Venezuela está huérfana de una Constitución. Formalmente existe una escrita y aprobada legalmente en 1999, pero en la práctica, en la realidad, no tiene vigencia, por lo cual la nación carece de un régimen constitucional efectivo. Por lo anterior se debe instar a la AN, para que convoque a un referendo, para lo cual tiene el poder otorgado por la Constitución, a fin de que los venezolanos decidan si se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a fin de preservar el texto de la Constitución aprobada en 1999 transgredida cotidianamente por el oficialismo y cuya integridad debemos defender según el artículo 333.
El Frente Amplio Venezuela Libre del Estado Lara, al contrario de convocar al pueblo venezolano a concurrir a las elecciones parlamentarias de diciembre, lo llama a negarse a participar en estos ilegítimos comicios, convocados por autoridades que suplantan funciones y que actúan en clara violación de la ley. El participar en ellos le darían visos de una legalidad que nunca tendrán, confundiendo con ello a los incautos que puedan creer que su voto hará regresar el Estado de Derecho y la democracia a nuestro sufrido país.
Barquisimeto, 17 de Julio de 2020