La jueza María Lourdes Afiuni, desde 2009, está inmersa en un campo de guerra donde todo estaba en su contra. Este jueves perdió la batalla, al ser condenada a cinco años por corrupción propia, tras casi 10 años de proceso judicial y detención.

Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 sin orden judicial, por otorgar libertad bajo fianza a Eligio Cedeño, un banquero apresado sin juicio desde 2017 y quien luego huyó del país al quedar libre.

En cadena nacional, el entonces presidente Hugo Chávez Frías ordenó que a la jueza se le otorgara la pena máxima de 30 años por haber “facilitado la fuga” de Cedeño.

La jurista fue imputada con delitos de corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. En la actualidad, fue absuelta de los últimos tres delitos y condenada por el primero.

En el 2010 se ratificaron los delitos imputados, se confirmó la privativa de libertad y fue recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). La defensa presentó una solicitud de medidas sustitutivas para revocar su prisión preventiva, porque su lugar de reclusión no era apto, al ser una celda de cinco metros por cinco metros, y no poder salir a tomar el sol por medidas de seguridad.

Este pedido fue rechazado

Una histerectomía, otra cirugía en un seno necrosado luego de la patada de una funcionaria calzando bota militar y la operación para reconstruirle el ano, la vagina y la vejiga, fueron las intervenciones más urgentes. Además de ser torturada, abusada sexualmente en el Inof, quedar embarazada y abortar. Estas confesiones se conocieron a través del libro Afiuni, La presa del comandante, del periodista Francisco Olivares.

El 12 de julio de 2010, la fiscal general Luisa Ortega Díaz reiteró que eran válidas las acusaciones, porque a su juicio, el procedimiento seguido para liberar a Cedeño “no fue el adecuado” y que Afiuno no elaboró ni entregó la boleta de excarcelación. Sin embargo, en septiembre de ese año el documento apareció, publicó en una nota el portal web Acceso a la Justicia.

En el año 2011, Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos (HRW, por sus siglas en inglés Human Rights Watch) denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni y pidieron su liberación, pero fue rechazado.

En ese mismo año, la fiscal Ortega Díaz recomendó dar arresto domiciliario a Afiuni tras inspeccionar el centro de reclusión donde estaba detenida. En paralelo, la defensa solicitó adoptar medidas sustitutivas.

El día siguiente, la jueza fue sometida a una cirugía por una afección uterina. Ese mismo día fue beneficiada con una medida judicial de arresto domiciliario. Se le impuso presentación cada ocho días ante un tribunal y prohibición de declarar a medios de comunicación.

El 13 de diciembre de 2011, se extendieron dos años más la medida de prisión preventiva contra Afiuni, a petición de la Fiscalía.

En 2017, tras tres diferimientos por falta de despacho, se retomó el proceso judicial. La jurista lleva 10 años sometida a un proceso judicial con medidas restrictivas de libertad pese a que el mismo sobrepasaba el límite máximo de 7 años de la pena establecida por los delitos que le imputaron.

Fuente: Caraota Digital.

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