Son las 9 de la mañana de este caluroso miércoles 29 de agosto y la mayoría de las tiendas del mercado municipal de San Martín, ubicado en el oeste de Caracas, permanecen cerradas.

Por Pedro Pablo Peñaloza

Una señora con su hija en brazos recorre los desolados y oscuros pasillos del establecimiento, tratando de completar la compra del día.

-“¿Tiene harina de trigo?”, pregunta la dama de cabello largo y canoso.
-“¡Nada de eso! Tú sabes que todo lo que tiene precio regulado desaparece de inmediato”, le responden desde un pequeño almacén.

Una pareja atiende el local. “Estábamos de vacaciones y no tenemos mucho que ofrecer, pero abrimos porque tenemos miedo”, confiesan. “Si no venimos, de repente llega la policía, rompe los candados y nos obliga a vender a la fuerza. Los funcionarios siempre hacen lo que les da la gana”, advierten los esposos con una mezcla de temor e indignación.

El régimen chavista ha emprendido –otra vez- una cacería contra los comerciantes y gerentes de supermercados, en el marco del nuevo plan económico lanzado el lunes 20 de agosto por el presidente Nicolás Maduro. En apenas 72 horas, medios locales reseñaron que al menos 200 personas fueron detenidas en las inspecciones ejecutadas por funcionarios para combatir la “especulación” y el “acaparamiento” de los productos básicos.

 

Aunque la propaganda oficial afirma que el gobierno aplica un programa de “recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, los expertos denuncian que Maduro está tratando de apagar un incendio con gasolina. El paquete de medidas incluye quitarle 5 ceros al bolívar, la devaluación de 95% de la moneda local ante el dólar, el incremento del IVA hasta 16% y un aumento del salario mínimo de 3.000%, que ha puesto a temblar a todos en un país ya martirizado por la hiperinflación y la escasez de alimentos y medicinas.

El “paquetazo” chavista ha cumplido los peores augurios. Paralizó la actividad comercial, vació los anaqueles y subió unos precios que ahora el gobierno intenta bajar a la fuerza. Policías, militares y fuerzas paramilitares afines a la revolución toman los supermercados y abastos, organizan ventas “controladas” y sacan esposados a los gerentes y administradores que acusan de impulsar una supuesta “guerra económica” para desestabilizar al régimen.

“Los funcionarios son agresivos, te humillan y eso da mucha impotencia”, expresa otro comerciante del mercado de San Martín. “Aquí la mayoría de los dueños de los locales son personas mayores que ahora padecen de hipertensión y algunos hasta han sufrido accidentes cerebrovasculares (ACV) porque estamos sometidos a mucha presión”, admite este hombre de 46 años.

El vendedor cuenta que “cuando me llega harina precocida de maíz –utilizada para preparar las típicas arepas- no puedo ni dormir, porque empeoran las fiscalizaciones y debo colaborar con los Clap (comités locales de abastecimiento y producción)”, programa oficial que reparte bolsas de comida subsidiada a la población.

Luces, cámara…

Es lo que tiene la revolución. Una labor absolutamente rutinaria y corriente, se ha convertido en un oficio de alto riesgo. “Nunca pensamos que podíamos llegar a estos niveles de despotismo. Sales de tu casa a la oficina y no sabes si después podrás volver con tu familia”, expone el gerente de una cadena de supermercados con 15 años de experiencia en este negocio.

Junto con líderes de partidos, diputados y dirigentes sociales contrarios al gobierno, la ONG Foro Penal Venezolano ha registrado en su lista de presos políticos a dueños y responsables de supermercados y farmacias. Los defensores de Derechos Humanos sostienen que el chavismo los detiene para evadir su culpa en la peor crisis que ha afligido a Venezuela y sustentar el discurso oficial que habla de una “guerra económica” perpetrada por el “imperialismo” y la “oligarquía”.

El gerente recuerda que en una oportunidad les visitó un supervisor “muy poderoso, que públicamente había sido respaldado por Maduro”, y que los saludó diciendo: “tú eres un ladrón, que escondes los productos y sube los precios”. A pesar de las descalificaciones, la fiscalización culminó en paz, los papeles estaban en regla y el agresivo funcionario dio media vuelta para marcharse. Sin embargo, allí ocurrió lo inesperado.

VÍA LA PATILLA.

 

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