Estas detenciones afectan directamente el derecho colectivo de los ciudadanos a acceder a información veraz, oportuna y útil sobre la situación económica del país. En contextos de opacidad institucional y ausencia de estadísticas oficiales confiables, el trabajo de estos profesionales se vuelve aún más crucial para que la sociedad comprenda las dinámicas que impactan su vida cotidiana: inflación, salarios, pobreza, políticas fiscales o acceso a servicios públicos.
El acceso a la información pública, en general, y en materia económica, en particular, ha sido sistemáticamente restringido en Venezuela. Los indicadores oficiales disponibles no siempre son suficientes y confiables. Por ello, los datos y análisis procedentes de fuentes académicas constituyen una alternativa necesaria para que la ciudadanía pueda participar en el escrutinio de la gestión pública y tomar decisiones en medio de una dinámica económica vertiginosamente cambiante.
Desde IPYS Venezuela nos sumamos a la preocupación manifestada por la UCV y su Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quienes recordaron que sus egresados están comprometidos con la búsqueda de la verdad y el análisis riguroso de la realidad nacional, en consonancia con principios éticos y científicos fundamentales para el desarrollo democrático de Venezuela.
También respaldamos el pronunciamiento del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), que denunció la criminalización de quienes se dedican a la recolección, análisis y difusión de información económica confiable, necesaria para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia y para la transparencia institucional. Como señala el OVF, atacar a estos profesionales vulnera y restringe la comprensión colectiva de la coyuntura nacional.
IPYS Venezuela advierte que estas acciones se inscriben en un patrón sostenido de hostigamiento estatal contra voces independientes, especialmente en períodos de alta conflictividad política y social, y constituyen una amenaza directa a las libertades informativas.
Exhortamos al Estado venezolano a cesar de inmediato cualquier forma de persecución o coacción contra académicos, profesionales, periodistas y organizaciones que contribuyen al análisis crítico y técnico de la situación nacional.