Fiscalía varguense imputó este domingo a Marta Molina, Georgina Pérez y Osmary Pérez, esposa e hijas del dirigente opositor Oscar Pérez Torrez, por los delitos de trata de persona, asociación para delinquir y uso de documentos falsos con relación al caso de los 130 niños retenidos por el Saime en el aeropuerto de Maiquetía.
La abogada defensora y directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, señaló en exclusiva para Caraota Digital que en principio los fiscales habían inculpado a las aludidas por el uso de documentos falsos. Sin embargo, “cuando estábamos haciendo la defensa, interrumpió la audiencia para imputar trata de personas y asociación para delinquir”.
Junto a la esposa e hijas de Pérez Torres, fueron acusados dos voluntarios de la organización no gubernamental Unión Venezolana en Perú.
“Como defensores pedimos que se suspendiera la audiencia y fue diferida para este domingo”, detalló Malavé.
Este viernes en horas de la noche, un total de 130 niños que se disponían a reencontrarse con sus padres en Perú fueron retenidos por el Saime en Maiquetía. La información fue suministrada por el activista Oscar Pérez Tórrez, quien además denunció que este viaje había sido organizado con la ayuda de la ONG Unión Venezolana en Perú.
Según la información suministrada por Pérez Torrez, la decisión del Saime estuvo apoyada por el fiscal 1° del estado Vargas, David Gauna, quienes anularon los pasaportes de los menores de edad y detuvieron en el aeropuerto de Maiquetía a los menores, que viajarían a reencontrarse con sus padres en Perú para estas navidades en compañía de la esposa e hijas del político que actualmente está exiliado en Lima.
Ya el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tareck William Saab, había adelantado en su cuenta Twitter que el Ministerio Público investiga “a fondo” el caso debido a que pudiera estar vinculado con “delitos de trata de menores”.
De acuerdo con Saab, nueve de los poderes para otorgar permisos de viaje de los mencionados infantes son fraudulentos, debido a que su otorgante no las suscribió; dos autorizaciones son falsas y fueron emitidas por un consejo de protección irreal.
“Igualmente de la revisión de poderes que se notariaron, se detectó que 13 no fueron suscritos por el otorgante. Esto obliga a investigar los fines de la precitada ONG, responsable de tan grave acción, pues testimonios de familiares revelan que los tramites se hicieron en sus oficinas privadas“, detalló en la red social.