Se mudó a un tráiler sin dirección permanente con su hija pequeña y con la certeza de que cruzarse con un patrullero podría costarle lo poco que ha conseguido. Renunció al que era su trabajo fijo y está viviendo de lo que le pasa el padre de la niña, que es poco, y de la caridad de sus amigos. “Estoy aquí, pero no estoy haciendo nada. No tengo papeles, no tengo abogado, no tengo dirección, no tengo escuela para mi niña. No tengo nada. Lo que no quiero es que me metan presa”, dice.
Pasaron 20 días, luego dos meses y nada mejora. Andrea, que tiene 23 años, no da su nombre real, sobre todo por miedo a que le quiten a su hija. Cuando cruzó la frontera tenía el mismo plan que casi todos los que cruzan: trabajar, comprar su casa, su carro, ahorrar, mandar remesas a su familia y vivir tranquila. La realidad le ha tocado más cruda: “A veces me paso el día entero mirando el teléfono. Llorando, pensando. También vi que le están dando mil dólares a los que se vayan voluntariamente y he tenido ganas de irme. Pero, ¿qué voy a hacer en Venezuela? Aquí no tengo nada, pero allá menos”.
La abogada Danay Rodríguez, representante de materias migratorias para una ONG que ofrece servicios legales a bajo costo para los migrantes, recomienda en estos casos comenzar acciones legales de forma urgente. “Esto le permite a la persona continuar en el país hasta tanto se ventile el asunto”, explica. “De lo contrario, puede ser expulsada de manera forzosa y eso lleva a una detención que queda en su récord migratorio. Se le puede prohibir el reingreso legal a Estados Unidos y afecta a cualquier beneficio que la persona solicite en el futuro, como una visa o una residencia”. El problema es que no todo el mundo tiene dinero para costearse un abogado. Ella lo sabe, sin embargo insiste en que lo mejor es buscar alternativas mediante organizaciones benéficas o firmas privadas que hacen trabajo pro bono.