El paso de migrantes por las peligrosas rutas que atraviesan la espesa selva que separa a Colombia y Panamá ha roto todos los registros históricos en este 2022. Nunca antes habían atravesado tantas personas el Tapón del Darién. Ese alarmante flujo se produce gracias al dominio que ejerce del lado colombiano el Clan del Golfo, el actor armado hegemónico en una zona en la que interactúa con redes nacionales y trasnacionales de tráfico de migrantes, señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

La capacidad regulatoria y de control territorial del Clan del Golfo, considerada la mayor banda del narcotráfico en el país, se mantiene casi intacta, “a pesar de haber sido objeto de una de las operaciones de inteligencia e investigación judicial más robustas de la historia reciente de Colombia”, destaca el informe La frontera del Clan, migración irregular y crimen organizado en el Darién, publicado este martes. Y el creciente flujo migratorio no es la excepción.

Ya en el 2021, una cifra récord de 133.000 migrantes y solicitantes de asilo atravesaron el Darién, según los datos oficiales de las autoridades panameñas. La cifra de migrantes que cruzaron entre enero y septiembre esa selva, considerada una de las más peligrosas en el mundo, llegó a 151.000 personas. Nadie sabe con certeza cuántos han muerto por el camino, víctimas de la exigencia física del recorrido, las crecidas de los ríos o la violencia de grupos criminales en ese paraje inhóspito. El incremento tanto de familias migrantes como de menores no acompañados también ha alertado a las autoridades.

A diferencia del año pasado, cuando mayoría de los migrantes pertenecían a la diáspora haitiana que recorre América Latina desde hace una década, en 2022 el fenómeno ha estado mayoritariamente representado por familias venezolanas que provienen de distintas partes de Sudamérica y se dirigen a Estados Unidos.

El Darién y el Urabá antioqueño, cerca de la frontera, son dos de las regiones más golpeadas por décadas de conflicto armado. El Clan del Golfo es una banda que ha pasado por varios nombres, se autodefine como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y surgió tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). “El control del Clan del Golfo se extiende a distintas esferas de la vida regional”, detalla la FIP. “Además de la violencia que ejerce, también despliega acciones de gobernanza criminal, como la suplantación de la justicia, los intentos de cooptación de espacios y organizaciones comunitarias, la imposición de normas de conducta y de restricciones a la movilidad y la influencia indebida sobre los procesos electorales y políticos de la región”, añade el informe.

“Aunque su rol en las dinámicas de gobernanza criminal en la región es amplio y públicamente conocido, este grupo del crimen organizado tiene una influencia puntual sobre el tráfico y el paso de migrantes”, afirma el documento. Esto se traduce en la tributación forzada por todas las actividades relacionadas con este fenómeno, la contención de la violencia contra los migrantes del lado colombiano de la frontera y la autorización o restricción del uso de rutas marítimas y terrestres.

Uno de los principales hallazgos es que esa influencia permite que las dinámicas de la migración irregular y la economía alrededor no se presenten de manera violenta, en un intento por alejar la atención de las autoridades. A pesar del dominio del Clan del Golfo en el Urabá y el Darién, ampliamente demostrado en el último paro armado que declaró en mayo del 2022, la región no presenta índices altos de violencia letal e impacto humanitario, apunta el documento, si se compara con otras zonas bajo el control de actores armados ilegales. “En su lugar, la violencia se despliega de otras formas: asesinatos selectivos, amenazas, agresiones a líderes sociales, torturas, desplazamientos forzados individuales, reclutamiento forzado y violencia sexual”, detalla.

“A diferencia de lo que sucede con otros actores armados con influencia en pasos fronterizos en Colombia, este grupo no despliega acciones de gobernanza del otro lado de la frontera” observa la FIP. “En Panamá, el panorama se asemeja más a la violencia indiscriminada que al control territorial y se expresa en la proliferación de bandas delincuenciales dedicadas a emboscar frecuentemente a grupos de migrantes para robarles y cometer abusos sexuales”. De uno y otro lado, los migrantes siguen expuestos a todo tipo de abusos aberrantes.

 

 

 

Fuente: El Pais

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