El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) responsabilizó directamente al aparato de inteligencia del régimen venezolano por la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, quien falleció tras pasar 1 año y 12 días detenido arbitrariamente, en completo aislamiento, sin acceso a su familia ni a abogados.
En un mensaje publicado en su cuenta de X este lunes, el OVP señaló que la muerte de Díaz “no fue un accidente”, sino el resultado de un sistema de represión que opera “desde la sombra, sin controles, sin supervisión judicial y bajo una jerarquía política que nunca rinde cuentas”.
El organismo recordó que el SEBIN, responsable de su custodia, está dirigido por Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello. Para el OVP, esta relación familiar evidencia el control político absoluto sobre centros donde se han documentado torturas, desapariciones forzadas y abusos sistemáticos por parte de organismos internacionales como la ONU, la CIDH y Amnistía Internacional.

Una de las irregularidades más graves señaladas por el Observatorio es que quien dio la cara tras la muerte de Díaz no fue el director del SEBIN, sino el ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, cuya institución no tiene competencia sobre El Helicoide. Para OVP, esto forma parte de la estrategia del régimen para diluir responsabilidades y ocultar la cadena de mando real.
El organismo también recordó que desde 2021 existen decretos oficiales que ordenan trasladar la custodia de detenidos políticos al Ministerio Penitenciario y sacar al SEBIN y a la DGCIM de tareas de reclusión, incluyendo la entrega de El Helicoide. Cuatro años después, nada se ha cumplido.
“El Helicoide sigue siendo un centro de torturas documentado por organismos internacionales”, denunció el Observatorio, que insistió en que la muerte de Díaz debe investigarse bajo el Protocolo de Minnesota, estándar internacional para esclarecer muertes potencialmente ilícitas bajo custodia del Estado.
OVP advirtió que, en medio del caos deliberado creado por el régimen entre organismos de seguridad y ministerios, son los presos políticos quienes pagan el precio más alto, enfrentando maltratos, suspensiones de visitas, ruleteos y aislamiento.
“En Venezuela no puede haber una muerte más por pensar distinto”, concluyó el organismo.
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