Según cifras de la ONG Foro Penal, al menos 900 personas permanecen privadas de libertad en condiciones inhumanas, muchas de ellas víctimas de tortura, desapariciones forzadas, incomunicación prolongada y ausencia de garantías procesales.
La organización defensora de derechos humanos denunció que estas detenciones forman parte de una política sistemática de represión del chavismo, para silenciar la disidencia política, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Desde entonces, se han registrado más de dos mil detenciones arbitrarias, sumándose a los más de 300 presos políticos previos.
Casos emblemáticos de desapariciones forzadas
Amnistía Internacional denunció que en los casos de dirigentes y activistas como Américo de Grazia, Freddy Superlano, María Oropeza, y Roland Carreño, entre otros, sus familiares desconocieron su paradero durante días o incluso semanas.
En algunos casos, ni siquiera existe certeza plena sobre su ubicación actual, debido a la falta de información oficial confiable
“La desaparición forzada y la tortura están absolutamente prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos”, recuerda el comunicado, exigiendo respeto a la vida, la integridad física, el derecho a la defensa y condiciones dignas de reclusión para todas las personas privadas de libertad.
Crímenes de lesa humanidad bajo investigación
Desde 2020, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha documentado cientos de casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y uso del sistema judicial como herramienta de represión, en una política que, según su más reciente informe, constituye crímenes de lesa humanidad.
A esto se suma la investigación abierta por la Corte Penal Internacional (CPI), que desde 2021 examina casos de tortura, violencia sexual, persecución por motivos políticos y privación grave de la libertad cometidos desde al menos 2017 por agentes del régimen de Nicolás Maduro y colectivos progubernamentales.
