Al pueblo de Venezuela y a la comunidad internacional
Los magistrados del Legítimo Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, ante las inhabilitaciones producidas por el usurpador Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, expresan su posición de la siguiente manera:
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que la detención de líderes opositores vinculados al partido político Vente Venezuela, y la pretendida ratificación de las inhabilitaciones políticas de los líderes opositores, especialmente la de la Ing. María Corina Machado, es clara evidencia que la dictadura dirigida por Nicolás Maduro Moros, se aparta definitivamente de los acuerdos de Barbados que procuran la recuperación de la democracia a través de la celebración de elecciones libres, auténticas y competitivas.
SEGUNDO: Que la candidatura opositora mayoritaria de la Ing. María Corina Machado es producto de convicciones y votos populares, siendo inapropiado desobedecer el pronunciamiento del pueblo venezolano en las elecciones primarias abiertas y libres celebradas el 22 de octubre de 2023.
TERCERO: Que la administración de justicia en Venezuela es ilegítima y por ende inexistente, puesta a la orden de quienes usurpan el gobierno para encubrir violaciones sistemáticas de derechos humanos, abandonando principios constitucionales que se desprenden de los artículos 19 y 26 de la carta magna.
CUARTO: Que el documento producido por la ilegítima Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que ejerce funciones en la ciudad de Caracas, carente de una apropiada argumentación jurídica, pretende desconocer la soberanía popular expresada el 22 de octubre de 2023 que designó a la Ing. María Corina Machado como aspirante presidencial en las elecciones de 2024. Este
documento írrito solo pretende generar desesperanza y divisiones del pueblo venezolano.
QUINTO: Que la dictadura dirigida por Nicolás Maduro Moros sigue optando por la represión y el miedo al aprobar leyes limitadoras del derecho de libre asociación, contradiciendo con ello el artículo 52 de la Constitución de la República.
ACUERDA
PRIMERO: Denunciar una vez más la falta de Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, expresado en el uso sistemático y reiterado de la privación a las libertades personales, el secuestro de dirigentes políticos, gremiales o estudiantiles y la tortura como medio oficial para evitar el retorno pacífico de la democracia en el país.
SEGUNDO: Desconocer la arbitraria y usurpadora decisión del Ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia del Régimen Dictatorial del país y exhortar al pueblo venezolano y a sus organizaciones políticas a continuar ejerciendo las acciones necesarias, incluso el ejercicio del Derecho de Rebelión para restituir el Estado de Derecho y la Supremacía Constitucional, todo de conformidad con los artículos 333 y 350 de
la Constitución de la República.
TERCERO: Denunciar la constante interferencia del poder político en el sistema judicial, que además de la ilegitimidad de origen por usurpar funciones constitucionales de administración de justicia, la misma se ejerce sin independencia, sirviendo de manera incondicional a la dictadura dirigida por Nicolás Maduro Moros y al resto de sus funcionaros, incluyendo algunos funcionarios del Ministerio Público.
CUARTO: Darle publicidad a este acuerdo remitiéndolo a los organismos nacionales e internacionales, destacando la importancia para llevarlo al Gobierno de los Estados Unidos de América y Parlamento Europeo, para establecer las medidas sancionatorias contra los responsables de la tiranía de Nicolás Maduro Moros.
Los magistrados legítimos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, hoy en el exilio, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia y el Estado de Derecho.
Continuaremos trabajando incansablemente para coadyuvar al restablecimiento de la democracia y el respeto a los derechos fundamentales en nuestro país.
En Doral, Fl., a los treinta días del mes de enero de 2024.
Dios y Federación
