El 18 de agosto de 2010, el fallecido presidente de la república, Hugo Chávez, anunció la expropiación de Seguros La Previsora, la cuarta empresa más grande del sector en el que, para entonces, se contabilizaban 48. “Eso es parte de los esfuerzos por combatir esa podredumbre de los seguros, de las bolsas de valores, de todo el sistema capitalista”, dijo al respecto Chávez.

En diciembre de 2009, como parte de la purga de empresas financieras y aseguradoras llevada a cabo por el Gobierno, La Previsora fue intervenida, se dio a conocer su estatización y posible fusión con la recién creada Bolivariana de Seguros.

Junto a esta, fueron intervenidas otras 80 compañías, de las cuales, al menos cuatro estaban vinculadas con La Previsora por medio de su principal accionista, Pedro Torres Ciliberto, un empresario venezolano que adquirió la aseguradora el mismo año de su expropiación, al comprar todas las acciones de Freeway Global Ltd, su accionista mayoritaria.

Además de ser el dueño de Baninvest desde hacía poco más de diez años, Torres Ciliberto compró entonces Banco Real, Helm Bank y Central Banco Universal, todos intervenidos y luego dos de ellos liquidados para crear el que sería el segundo banco estatal promovido por Chávez: el Bicentenario.

Pero Torres Ciliberto no se conformó con adquirir todas estas compañías en un año, por lo que también estaba en trámites de compra de Digitel y el Banco Nacional de Crédito, dos operaciones que finalmente tuvo que abortar cuando el Gobierno pidió su detención, una orden que a casi nueve años de su emisión no ha sido acatada.

Pedro Torres Ciliberto, a quien Hugo Chávez acusó por las irregularidades detectadas en La Previsora y en los cuatro bancos de su pertenencia, vive en Estados Unidos, disfrutando los beneficios económicos que, todavía después de la expropiación de sus empresas, le generaron ingresos.

El defendido de Escarrá

En enero de 2010, a pocos días de la expropiación de La Previsora, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) allanó la vivienda de Torres Ciliberto en La Lagunita “para detener e incautar todos los bienes que fueron adquiridos de manera fraudulenta por los banqueros corruptos que han desangrado al país, jugando con los ahorros de la población, quienes fueron las víctimas de esta situación”. 

Además, se solicitó la activación de una alerta roja ante la Interpol, esto debido a que Torres Ciliberto, a quien se le acusó formalmente por las “irregularidades” halladas en sus empresas, estaba prófugo de la justicia y, muy posiblemente en el extranjero, lo que se confirmó poco después.

Tanto el banquero venezolano como su hijo, Pedro Torres Picón, se exiliaron en estados Unidos, donde solicitaron asilo político. A la cabeza del caso estaba, entre otros, Hermann Escarrá, un abogado constitucionalista que participó en la redacción de la Carta Magna de 1999, defendió a Chávez y luego pasó a la “resistencia” opositora, retornando nuevamente al Gobierno. Actualmente, Escarrá participa en la redacción de la nueva constitución ordenada por Nicolás Maduro.

Escarrá se embarcó en la tarea de levantar la alerta roja ante la Interpol que pesaba sobre sus defendidos, “quienes son víctimas del régimen imperante en Venezuela y, como bien sabe usted, objeto de persecución”. Así lo manifestó en una carta enviada al abogado Víctor X. Cerda, del bufete Jackson Lewis LLP, a quien dijo que las órdenes de aprehensión sobre Torres padre e hijo, fueron emitidas por interés netamente político.

“Con esta opinión espero cumplir con parte de nuestra conversación en Nueva York sobre la particular situación de los exiliados venezolanos que están solicitando la tutela del Derecho de asilo y que de verdad podamos ayudar efectivamente a nuestros representados, señores Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón quienes son víctimas del régimen imperante en Venezuela y como bien sabe usted objeto de persecución, atropello e intimidación que son los mecanismos políticos de segregación que utiliza el Presidente venezolano”. 

Su defensa se basó en que en Venezuela había un notorio control del Gobierno sobre los poderes y se violaba el derecho al debido proceso, además de otros aspectos contradictorios a la ley que ponían a sus defendidos en desventaja. Según la periodista Mairbort Petit, Escarrá cobró la suma de USD 150 mil por sus honorarios.

Los esfuerzos de Escarrá rindieron frutos, y en febrero de 2011, la Interpol levantó la alerta roja que pesaba sobre Torres padre e hijo.

Torres Ciliberto y Mossack Fonseca

Pero, ¿cómo Torres Ciliberto, después de haber sufrido la expropiación de cuatro empresas logró crear un nuevo imperio empresarial? En 2016, el nombre de Torres Ciliberto saltó en los Panama Papers, en donde se reveló la trama corrupta que utilizó el banquero para, aún después de la expropiación de todas sus empresas, salirse con la suya.

De acuerdo con la filtración de documentos, Torres Ciliberto adquirió La Previsora sabiendo que, en pocos meses, sería expropiada por el Gobierno y para evadir las pérdidas, contrató a José Fraga, un abogado español sobrino de Manuel Fraga Iribarne, fundador del Partido Popular (PP) de España, para que creara una estructura jurídica que le permitiera, no solo huir en caso de que así lo requiriera, sino además, obtener ganancias en medio de la crisis.

El documento, estrictamente confidencial, que preparó Fraga para Torres Ciliberto advertía explícitamente de una posible estatización de La Previsora, por lo que Lionesse Real Estates, la firma con la que el empresario había adquirido la acciones de la aseguradora, debía asegurar sus intereses económicos y garantizar la seguridad de sus accionistas. Lo más conveniente, determinaron, era internacionalizar la aseguradora.

Para esto, el empresario venezolano contrató al bufete panameño Mossack Fonseca. Los Papeles de Panamá revelaron que a través de su firma en Miami, González & Rodríguez PL, Torres Ciliberto adquirió en 2010 una empresa maletín con sede en Panamá llamada Brookline Business, la cual, fue vendida como “fundada en 2008”.

A través de esta, se adquirieron una importante cantidad de propiedades ubicadas en Venezuela que, presuntamente, eran de Torre Ciliberto, a precios irrisorios. Estos inmuebles se vendieron bajo los nombres de allegados al banquero: Luz Marina Gutiérrez, Yolanda Salazar Palma y María Inmaculada Vivas Rivas.

Empresa Técnica Urbanizadora C.A. vende 110 héctareas de terreno en Guamito, estado Barinas, por 70,000 bolívares

Bienes 910 C.A. vende por su parte una parcela y una quinta en el sector Pueblo Viejo en el Morro de Puerto La Cruz, estado de Anzoátegui.

Industria La Raisa 3 C.A. vende una parcela en la exclusiva urbanización Oripoto, en el sureste de Caracas.

Grupo Empresarial Tamanaco C.A. vende un terreno en la calle Londres de la urbanización Las Mercedes de Caracas.

Organización TPF vende un lote de 3159 metros cuadrados en Margarita. 

Pero Brookline Business no se limitó a la compra de bienes en Venezuela. En Miami adquirió dos condominios, el 50% de las acciones de la empresa Diario de CCS LLC, constituida pocos días antes en Florida y, finalmente, las acciones de Freeway Global Ltd, firma offshore en las Islas Vírgenes adquirida por Lionesse Real Estate en 2009 y la accionista mayoritaria de Seguros La Previsora.

Con fecha de ese mismo año, George Allen, representante jurídico de la empresa maletín, suscribe un contrato de préstamo con Banreal Holding SLU, una empresa registrada en Madrid, España, en la que aparecía como administrador solidario Torres Ciliberto. A través de dicha negociación, Brookline Business “vende” Freeway Global, y a su vez, las acciones de La Previsora, y le presta, además, USD 730 millones a Banreal Holding para que realice la transacción.

Es aquí donde una de las cláusulas creadas por Fraga entra en acción. La misma, reza que, “en el caso de expropiación de La Previsora por parte del Gobierno de Venezuela, se le pagará a la prestamista la indemnización de dicha expropiación”, que no es otra que Brookline Business, quien aparece como prestamista de los USD 730 millones que cuestan las acciones de Freeway Global, accionista mayoritaria de la aseguradora venezolana.

En resumidas cuentas, a través de este entramado, Torres Ciliberto logró recuperar la inversión que hizo en 2009 al comprar La Previsora, pese a su expropiación, y tener de regreso todos sus inmuebles en Venezuela aun estando exiliado en estados Unidos.

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