La organización, integrada por ciudadanos de nacionalidad española y colombiana, reclutaba mujeres jóvenes en Medellín mediante videollamadas, las trasladaban a España bajo falsas promesas y, una vez en este país, las conducían a pisos localizados en la ciudad de Cádiz (sur), donde eran explotadas sexualmente y les exigían el pago de 14.000 euros.

Entre los investigados se encuentra un matrimonio de Cádiz, que dirigía la organización y cuenta con antecedentes por tráfico de drogas, una mujer colombiana, encargada de captar a las mujeres, y otro hombre que se ocupaba de intimidar a las víctimas que intentaban abandonar la red, ambos también detenidos.

Además, los investigadores identificaron a implicados en la trama en Colombia que se encargaban del traslado de las mujeres y de amenazar a sus familiares

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