Durante la audiencia, Talwani cuestionó repetidamente la afirmación del gobierno para poner fin al programa, en concreto, que tiene la facultad de hacerlo y que ya no cumplía su propósito. Argumentó que los inmigrantes incluidos en el programa ahora se enfrentan a la opción de “huir del país” o quedarse y “correr el riesgo de perderlo todo”.
“El quid de la cuestión es que el secretario, al acortar el período de libertad condicional otorgado a estas personas, debe tomar una decisión razonada”, dijo Talwani, y agregó que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.
El mes pasado, el gobierno revocó las protecciones legales de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, exponiéndolos a una posible deportación en 30 días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que perderán su estatus legal el 24 de abril.
Llegaron con patrocinadores financieros y recibieron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, los beneficiarios necesitaron encontrar otras vías legales si querían permanecer en Estados Unidos. La libertad condicional ha sido un estatus temporal.
El presidente Donald Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes vengan a los EE. UU., implementando promesas de campaña de deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.