La iniciativa reautoriza a la ley que impuso sanciones obligatorias a oficiales del régimen Maduro responsables de violar los derechos humanos y libertades civiles de los venezolanos. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela por primera vez en 2014, y fue reautorizada en julio de 2016.
El senador Rubio, dijo que la Ley VERDAD, es una propuesta bipartidista que se espera sea aprobada por el Congreso de Estados Unidos al final de año. La misma establece «sanciones permanentes para los individuos responsables de las atrocidades que están ocurriendo dentro de Venezuela, pero también (la ley) dice que a esas personas que no han cometido delitos y violaciones a los derechos humanos que abandonen el régimen y reconocen la democracia, a ellos se les puede quitar hasta sanciones», afirmó el legislador.
Rubio precisó que la legislación, también promueve la designación de fondos «para la reconstrucción de una Venezuela libre, es una Ley muy importante y gracias a Dios lo pudimos lograr para el final del año», apuntó.}
Entre tanto, el senador Menéndez, dijo que Estados Unidos no dará un paso atrás en relación a las sanciones contra la dictadura de Venezuela. “Mientras se continúa evidenciando la complicidad de Maduro y su régimen en la tortura, y asesinatos extrajudiciales de miles de venezolanos, Estados Unidos no dará un paso atrás en su compromiso para restablecer los derechos humanos del pueblo venezolano”.
“Esta propuesta envía un claro mensaje al régimen de Nicolás Maduro de que serán responsabilizados por sus atrocidades. No es el momento de que la comunidad internacional se de por vencida en su esfuerzo por restablecer la democracia en Venezuela. Por el contrario, debemos mantener una presión consistente y firme para formular una estrategia diplomática que incremente la presión sobre Maduro y apoye en alcanzar una salida pacífica y democrática a la crisis”
Rubio explicó que la ley le seguirá permitiendo al presidente (Donald) Trump imponer nuevas sanciones contra las personas que interrumpen la gobernanza democrática en Venezuela”, concluyó Rubio.
