El expresidente de Costa Rica, Guillermo Solís, fue acusado este jueves por la Fiscalía de perjudicar a la hacienda pública durante su mandato (2014-2018). La imputación contra el exmandatario se basa en el delito de «influencia en contra de la Hacienda Pública».
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), los cargos se sustentan en la presunta influencia ejercida por Solís para transferir fondos de la Tesorería Nacional a Bancrédito (Banco Crédito Agrícola de Cartago) sin justificación técnica y con una baja probabilidad de retorno. El objetivo era aparentar que el banco tenía un índice de liquidez adecuado.
De acuerdo con el Ministerio Público de Costa Rica, esta maniobra habría evitado la intervención del banco, que enfrentaba serios problemas de liquidez, y al mismo tiempo, habría dañado la imagen del gobierno de Solís.
Ante las acusaciones, el exmandatario expresó su rechazo categórico a través de un video publicado en su cuenta de Twitter, afirmando que durante su gobierno siempre actuó conforme a la ley, buscando el beneficio del país y protegiendo a los acreedores de Bancrédito y los derechos de sus trabajadores.
Rechazo de forma categórica los cargos que se me imputan. Desde el Gobierno de la República, siempre actuamos apegados a derecho, buscando el beneficio del país, así como la protección de los acreedores del Bancrédito y de los derechos de sus trabajadores. pic.twitter.com/mXAUuowixt
— Luis Guillermo Solís (@luisguillermosr) July 6, 2023
Bancrédito era una entidad estatal con fines comerciales que se declaró en quiebra en julio de 2017, durante la administración de Solís, después de años de pérdidas y malos resultados.
Además del expresidente Solís, el Ministerio Público también acusó del mismo delito al exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas, al exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, a la extesorera nacional, Martha Cubillo, y al exsubtesorero nacional, Mauricio Arroyo.
La Fiscalía señaló que la actuación de los cinco acusados resultó en un perjuicio a la Hacienda Pública y al interés público.
De ser encontrados culpables, los acusados podrían enfrentar condenas de entre dos y ocho años de prisión según lo establecido en el Código Penal.
Fuente: AFP