
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), fechado el 26 de junio de 2025, evalúa la situación en Venezuela. Este documento crucial, que abarca del 1 de mayo de 2024 al 30 de abril de 2025, se presentará al Consejo de Derechos Humanos entre el 16 de junio y el 11 de julio de 2025.
La OHCHR basó sus hallazgos en información corroborada de diversas fuentes, incluidas víctimas y organizaciones civiles. A pesar de un acuerdo en noviembre de 2024 para reanudar la cooperación, la presencia de la OHCHR es muy limitada, obstaculizando su mandato.
La población venezolana sigue enfrentando serios retos en derechos económicos, sociales y culturales, con alta inflación y el impacto de sanciones sectoriales. La falta de datos financieros públicos y la reducción de la financiación humanitaria exacerban la crisis, afectando el acceso a servicios esenciales como salud, alimentos y educación.
Cortes eléctricos y escasez de agua son recurrentes, impactando desproporcionadamente a los más vulnerables. El ingreso mínimo es insuficiente para cubrir necesidades básicas, generando frecuentes protestas por salarios dignos. Se documentaron suspensiones salariales y despidos de maestros sin notificación.