La lucha por la democracia y los derechos humanos en América Latina es una batalla constante, librada en un terreno hostil. En medio del ascenso de regímenes autoritarios que persiguen la disidencia y vulneran las libertades fundamentales, como el caso de Venezuela, organizaciones como el Casla Institute han emergido ventanas de denuncias. Su labor, a lo largo de más de una década, ha sido crucial para documentar los abusos y brindar apoyo a las víctimas en una región donde la impunidad a menudo prevalece.

Tamara Suju, abogada venezolana, se ha enfrentado a esos retos como la directora del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla. Se ha convertido en uno de los rostros visibles contra la violación de derechos en Venezuela y desde su labor ha compartido pruebas para la investigación que realiza la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro.

—El Instituto Casla llega a su undécimo aniversario. ¿Cuáles cree que son los impactos más positivos que ha tenido la organización?

—El Instituto Casla tiene su sede en República Checa. Tenemos un Observatorio de Derechos Humanos, que es el que yo dirijo, especializado en América Latina. Pero, además de eso, tenemos otras coordinaciones: atendemos los problemas de democracia en el mundo, los contextos históricos y regionales que se están viviendo, los procesos de transición, y observaciones electorales. En ese sentido, somos un representante para Europa de lo que ocurre en Latinoamérica. Trabajamos en conjunto con las autoridades europeas (Parlamento Europeo) y la Organización de Estados Americanos (OEA) haciendo alertas tempranas de violaciones masivas de derechos humanos y crímenes en la región. Los directores de Casla también se dedican a los problemas en la Europa del Este.

—¿Y cuáles serían los logros de los que se siente más orgullosa?

—En estos 11 años, Casla ha crecido y se ha diversificado en sus actividades. Hemos creado una gran red llamada Juventud Casla, con más de 170 jóvenes en toda Latinoamérica que son líderes en sus países, activistas sociales y políticos. A ellos los vamos formando en democracia y derechos humanos. Y, en el ámbito de la denuncia, trabajamos con las relatorías de las Naciones Unidas, con el Alto Comisionado (de la ONU para los Derechos Humanos), con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y con la Corte Penal Internacional (CPI). 

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