La semana que culmina el 6 de junio de 2025 nos presenta un panorama de radicalización y fragilidad crecientes en Venezuela, donde las líneas de la economía, la política y la sociedad se tensan hasta el límite. Los datos no mienten, y las acciones del chavismo gobernante de facto continúan confirmando la precariedad de su posición.
La anunciada salida de Chevron el 27 de mayo, y la previa retirada de las empresas de servicios como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford a principios de mayo, marcan un punto de no retorno para la industria petrolera venezolana; como les he anticipado, este evento no es un simple ajuste, sino que reduce el negocio petrolero a un desierto técnico y operativo.
Las cifras proyectadas son contundentes: una caída de la producción a 500.000 barriles por día o menos para fines de 2025, muy por debajo de los 920.000 bpd de 2024, lo cual implica la pérdida de tecnología, experiencia especializada, y una drástica disminución de la eficiencia operativa. Las «soluciones de emergencia» con Irán, Rusia y China, ya vistas en el pasado, han demostrado ser meros «parches» que no mejoran la situación subyacente, consecuencia de 26 años de políticas equivocadas y contraproducentes.
El impacto fiscal es demoledor: una reducción de los 1,2 mil millones de dólares en ingresos anuales, la pérdida de 2,6 mil millones de dólares en inversiones previstas, y un impacto acumulado de 3,8 mil millones de dólares en el PIB solo por la salida de Chevron. Las exportaciones restantes enfrentarán descuentos de entre 25% y 30% por no poder venderse en Estados Unidos, lo que se traduce en una pérdida de más de 3.400 millones de dólares en ingresos y cerca de 6 mil millones de dólares en el valor total de las exportaciones.
La amenaza de aranceles punitivos de 25% a cualquier país que comercie petróleo venezolano, y el riesgo de intercepciones de tanqueros como ya ocurrió con buques iraníes, exacerba esta situación.
En contraste, las propuestas de privatización total de la industria petrolera y gasífera, protección a la inversión, licitaciones transparentes, e incentivos fiscales de María Corina Machado, son esperanzadoras. Esta visión, que requiere un cambio de modelo profundo, abandonando la figura del «Estado empresario» -que ha demostrado su ineficiencia y ha arrastrado a Pdvsa a la ruina, marcada por deudas millonarias y una reputación tóxica- se convierte en la tan esperada “luz al final del túnel”.
