Uno de los aspectos más graves del informe es el incremento de los casos de desaparición forzada, especialmente contra activistas de derechos humanos.
Espacio Público denunció que al abogado Eduardo Torres, integrante de la ONG Provea, lo interceptaron el 9 de mayo en Caracas funcionarios sin identificación.
Permaneció más de 96 horas sin contacto con familiares ni abogados y, aunque el fiscal general confirmó su detención el 14 de mayo, no se informó su paradero ni se le permitió acceso a defensa legal, lo que mantiene vigente su condición de desaparición forzada.
Casos similares ocurrieron con el médico Omar Vergel y la abogada Merlina Carrero, detenidos el 7 de mayo en Táchira por funcionarios no identificados.
El 23 de mayo, al periodista Carlos Marcano, vinculado con organizaciones de la sociedad civil, lo sacaron por la fuerza de su vivienda funcionarios del Estado y permanece incomunicado.
La misma semana detuvieron a más de 70 personas en estados del país bajo acusaciones no confirmadas de “conspiración electoral”. Entre las víctimas figuran defensores de derechos humanos, activistas, periodistas y ciudadanos extranjeros.
Espacio Público subrayó que muchas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas, al no respetarse el derecho al debido proceso