“Debe ser difundido y leído. No estamos hablando de que el comunicado es de un ente del Estado venezolano”, subrayó el fiscal.
En su pronunciamiento, los expertos hicieron un llamado al Gobierno salvadoreño a permitir “el acceso inmediato y sin restricciones a los organismos de monitoreo independientes a las cárceles que albergan a los deportados”, entre ellos 252 migrantes venezolanos, acusados por EE.UU. de supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, nacida en una cárcel del país caribeño.
“En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos”, destacaron los expertos en un comunicado conjunto.