María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial para las elecciones de 2024, fue objeto de una inhabilitación política que le impide ejercer cargos públicos hasta 2030. La sanción supuestamente se la impuso la Contraloría en septiembre de 2021, aunque la información se hizo pública en 2023, después de que ganó abrumadoramente las primarias de la oposición —un proceso en el que no participó Henrique Capriles—.
Henrique Capriles y Tomás Guanipa en un acto con el entonces candidato presidencial Edmundo González y la líder María Corina Machado. Foto: Gabriela Oraa / AFP
Las autoridades del chavismo justificaron su inhabilitación política:
Participación en actos de corrupción: Se le acusó de estar involucrada en una presunta trama de corrupción liderada por Juan Guaidó, que según el régimen resultó en el bloqueo de activos venezolanos en el extranjero y en la entrega de activos estratégicos del Estado a entidades extranjeras.
Manejo de activos estatales: Se le responsabilizó de la «entrega» y posterior «quiebra» de la empresa Monómeros, así como de la «pérdida» de activos como Citgo Holding y Citgo Petroleum Corporation.
Gestión de recursos nacionales: Se le atribuyó la responsabilidad en el «secuestro» de 31 toneladas de oro venezolano y en la congelación de aproximadamente 4.000 millones de dólares en el sistema bancario internacional debido a las sanciones que supuestamente solicitó.
Aceptación de cargos diplomáticos sin autorización: Se le acusó de aceptar el cargo de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos sin la debida autorización, lo que llevó a la pérdida de su investidura como diputada a la Asamblea Nacional.
María Corina Machado apeló la decisión de la Contraloría, tomada por militante chavista Elvis Amoroso —actual presidente del Consejo Nacional Electoral—, pero el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación en enero de 2024