Un nuevo balance sobre las detenciones arbitrarias en el país fue publicado. Desde el 29 de marzo al 4 de abril se reportaron 117 arrestos, ocurridos durante manifestaciones para exigir la restitución de los servicios básicos como agua y luz. En este grupo de personas, se encuentran 13 adolescentes.
La cifra es la que maneja Foro Penal, organización que periódicamente publica la cantidad de denuncias de violaciones al debido proceso. El estado con mayor cantidad de aprehensiones irregulares es Monagas: 37 adultos y cuatro adolescentes.
Le sigue Carabobo con 36 arrestos, entre los cuales hay seis adolescentes.
No es la primera vez en el año que se registra una cantidad importante de adolescentes detenidos en contextos de protestas.
A finales de enero, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó un comunicado que denuncia la detención de 77 adolescentes en todo el país, por presuntamente participar en las protestas antigubernamentales del pasado 23 de enero.
Este informe fue respaldado por 86 organizaciones defensoras de los derechos humanos, quienes también denunciaron, específicamente, que a 11 niños, el 26 de enero, se les dictó privativa de libertad por los cargos de “terrorismo, obstrucción, agavillamiento y asociación”. Informaron que la medida fue dada por la juez Ediluz Guédez, del Tribunal 1° de Control del Adolescente.
“Los niños y adolescentes también tienen razones para protestar”, aseveró Carlos Trapani, abogado y miembro de Cecodap, una organización que trabaja los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Las declaraciones fueron hechas en febrero de 2019, cuando fue invitado a un foro para tratar la detención arbitraria de adolescentes. “El derecho a la manifestación es igual de importante que el derecho a la vida. Por eso debemos defenderlo”, agregó el abogado y activista de derechos humanos.
Criticó que pese a las denuncias que se hicieron, el Ministerio Público no dio información oficial sobre la cantidad de chamos detenidos en contexto de manifestaciones. Hizo énfasis en la falta de datos sobre el cuerpo de seguridad del Estado que ejecutó los arrestos y dónde se practicaron.
Fuente: Efecto Cocuyo