Con una tasa de cero intervenciones por cada millón de habitantes, la procura y trasplante de órganos, una especialidad que tuvo sus primeros traspiés en 2013, cuando se registraron fallas incipientes de insumos, escribió un capítulo inédito este 2017.
Se trata de un punto de inflexión, en los últimos 18 años, que desnuda los estragos de una emergencia humanitaria compleja que desarticula la atención sanitaria para pacientes crónicos: personas con insuficiencia renal, hepática o trastornos congénitos.
Francisco Valencia, director de Codevida y portavoz de Amigos Trasplantados de Venezuela, señala que la actividad quedó interrumpida entre mayo y junio cuando la Fundación Venezolana de Donaciones y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células oficializó la suspensión del programa.
A modo de balance, Codevida destaca que solo en 2017 se documentaron al menos 20 rechazos de órganos en pacientes trasplantados de riñón y otros cinco fallecieron por complicaciones asociadas a la falta de inmunosupresores, un tipo de fármaco indicado para mantener la compatibilidad.
También cinco niños trasplantados de hígado presentaron rechazos agudos, una complicación que fue resuelta con medicamentos donados. «Nunca antes se había registrado la ausencia de inmunosupresores de manera absoluta y prolongada», afirma. Valencia enfatiza que la coyuntura, que prevalece desde hace seis meses, se acentuó en noviembre cuando Carlos Rotondaro fue removido de la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
En 2015, cuando la crisis se desató en Venezuela, la tasa de trasplante se ubicó en 1,73 órganos por cada millón de habitantes, siendo 7 el promedio de la región.
Los afectados critican la opacidad del Estado, pues a la fecha no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el desabastecimiento de tratamientos de alto costo. En el mercado internacional los fármacos oscilan entre 800 y 1.200 dólares, lo que impide a muchos enfermos acceder a tratamientos como tacrolimus, que disminuye el riesgo de rechazo.
A juicio de Valencia, el desabastecimiento es solo el preludio de un 2018 donde se prevén consecuencias devastadoras para los más de 300 mil pacientes crónicos. Codevida estima que en el país hay más de 3.500 personas trasplantadas, cuya única opción para mantenerse con vida es emigrar.
El escenario ocurre en un contexto nacional donde más de 15 mil pacientes se someten a diálisis, de las cuales cerca de 7.500 podrían optar por un riñón, dice la ONG.
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