El 2017 se inició en Venezuela con un anuncio presidencial de aumento salarial de 50% al que siguieron otros cuatro incrementos a lo largo de un año que cerrará en un escenario de hiperinflación, una advertencia de suspensión de pagos, un dólar paralelo disparado y decenas de comercios quebrados.

Los venezolanos venían de transitar tres años de fuerte inflación, de escasez de alimentos y de medicamentos, una situación que llevó a que miles de ciudadanos se lanzaran a las calles entre abril y agosto pasados en protestas que dejaron 120 muertos.

La petición final de los manifestantes era un cambio de Gobierno pues achacan a la administración de Nicolás Maduro el caos económico que ha derivado en el colapso político y en problemas sociales tan importantes como el aumento de niños desnutridos, hospitales en ruinas y personas hurgando en la basura para comer.

Maduro, entretanto, ha repetido una y otra vez que este escenario se debe a la «guerra económica» que hace la oposición y un grupo de empresarios que, con la ayuda de Estados Unidos, procuran desestabilizar su Gobierno.

Este discurso del Presidente encontró más apoyo después de que el Gobierno de Donald Trump firmara en agosto una orden ejecutiva por la que prohíbe las «negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA)», la principal empresa del país.

Según el Gobierno, fueron estas sanciones las causantes de la anulación, en agosto pasado, de la subasta de divisas en el sistema de adjudicación de dólares controlado por el Estado que no dispensa la moneda extranjera desde entonces.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, consideró estas sanciones la «peor agresión a Venezuela en los últimos 200 años» y opinó que «quizá Estados Unidos está tratando de promover una crisis humanitaria» en el país caribeño, pese a que la oposición ha denunciado la existencia de una crisis humanitaria desde 2016.

Vía: El Nacional 

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