Con bombos y platillos, el Gobierno anunció este miércoles el acuerdo que este mismo día suscribió con Rusia para refinanciar la deuda que mantiene Venezuela con ese país, el cual establece un pago de 3.150 millones de dólares hasta el 2026, con volúmenes de cancelación mínimos en los primeros seis años.

No obstante, la legislación venezolana establece que para que ese sea efectivo se debe contar con la aprobación del Parlemento Nacional, algo que no sucedió en este caso y que en ciertos sectores pone en duda la legalidad de esa negociación internacional que a la larga afectará igualmente las finanzas del país.

Expertos en economía, como el diputado José Guerra, han cuestionado el proceder del Ejecutivo, mas cuando no hubo una transparente información de cómo se dio ese trámite y cuáles son las condiciones en que se suscribió; cuestionó además el carácter “confidencial” que le atribuyó al acuerdo el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, quien junto con su homólogo de Finanzas, Simón Zerpa, fue el encargado de firmar el documento.

“Los venezolanos exigimos que el gobierno explique el supuesto acuerdo secreto para refinanciar la deuda con Rusia. El acuerdo supuestamente firmado con Rusia para refinanciar la deuda es un contrato de interés nacional y por tanto debe haberse público“, manifestó Guerra a través de su cuenta personal de Twitter.

Una estafa a la nación

De la misma manera el economista Alexander Guerrero señaló este acuerdo como una “estafa” y se mostró de acuerdo con que tanto el gobierno venezolano como el ruso deberían hacer públicas las condiciones de ese acuerdo y que la Asamblea Nacional está en el deber de exigir al Ejecutivo esa información.

“Los venezolanos no conocen esas deudas, no hay documentos publicados al respecto y la corrpción no es extraña para políticos venezolanos y rusos. Queda entonces aún en la niebla ese compromiso aparentemente reestructurado con Rusia, dado que no conocemos el sujeto de esa deuda”, indicó.

¿Se hipotecó al país?

Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), explicó que el Gobierno se saltó procedimientos constitucionales para ese procedimiento administrativo, lo cual le da opacidad a un tema de interés para todos los venezolanos.

“Todo este manejo de recursos y refinanciamiento que el estado venezolano ha hecho por estos días, es algo fuera de toda legalidad porque aquello que implique compromisos de recursos de la nación tiene que tener el contrapeso de una institución como la Asamblea Nacional. El Gobierno de nuevo desconoce las instituciones que fomentan la convivencia democrática”, indicó.

La especialista advirtió sobre el peligro que puede tener esa negociación, la cual pasa porque al no contar con el aval del Poder Legislativo pudiera en un futuro, en el caso de que hubiese otro gobierno distinto al actual, meter en problemas poco pronosticables a quienes asuman ese compromiso de pago.

Se pone en riesgo las fuentes de financiamiento futuras. Rusia asume el riesgo de una deuda cuestionada y que a futuro puede ser desconocida. Los gobiernos no quiebran, pero esos recursos que son para los ciudadanos son los que peligran y podrían sumir a Venezuela aún más en la pobreza“, añadió en entrevista con Caraota Digital.

No descartó que Rusia pudiera tener una carta bajo la manga para no perder en el intento. “Me atrevo a especular que ese país tenga en consideración las grandes reservas petroleras que tiene Venezuela, que como pago resulta ventajosas para el gobierno de Moscú”.

Vía Caraotadigital.com

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