Trump ha aprovechado para repetir media docena de veces, como viene haciendo los últimos días contra toda evidencia, que Los Ángeles estaría reducido a cenizas si no hubiera enviado a las tropas. El republicano acostumbra a inventarse un bulo y a repetirlo una y otra vez, dándolo como un hecho, para intentar que cale. Otra de las afirmaciones en que ha insistido sin fundamento, de nuevo este jueves, es que los disturbios de Los Ángeles están protagonizados por profesionales a sueldo.
En realidad, las protestas de Los Ángeles han estado muy localizadas en pequeños puntos de la inmensa ciudad, la Guardia Nacional y los marines han tenido un papel marginal en la represión de las mismas y el envío de las tropas ha exacerbado los ánimos, agravando aparentemente el problema. Este mismo miércoles está prevista una vista en la demanda que ha presentado Newsom contra el envío de militares, que considera un abuso de poder ilegal.
El acto de este jueves en la sala Este de la Casa Blanca no estaba relacionado con las protestas. Gavin Newsom anunció en 2020 planes para prohibir la venta de todos los vehículos nuevos propulsados por gasolina en el Estado para 2035, como parte de una agresiva iniciativa para reducir las emisiones del sector del transporte. Los híbridos enchufables y los coches de gasolina usados podrían seguir vendiéndose. Los reguladores estatales formalizaron las normas y la Administración de Joe Biden aprobó el permiso al Estado para implementarlas en diciembre, un mes antes de que Trump regresara a la Casa Blanca.
La resolución que Trump ha firmado este miércoles fue aprobada por el Congreso el mes pasado. Los republicanos utilizaron la Ley de Revisión del Congreso, una ley destinada a mejorar la supervisión sobre las acciones de las agencias federales, para bloquear las normas californianas. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos, un organismo de control independiente del Congreso, determinó que las normas de California no están sujetas al mecanismo de revisión utilizado, un criterio que compartió el llamado parlamentario del Senado, autoridad jurídica de la Cámara Alta.