Casi a última hora, Felipe, de 28 años, recibió una llamada urgente desde la oficina de sus abogados. Le pidieron que saliera de inmediato del edificio y que se fuera hasta sus oficinas porque estaban deteniendo a casi todos los que se presentaban ante la autoridad. En menos de media hora, Felipe estaba con sus abogados, quienes solicitaron al juez una audiencia online para evitar su arresto en el Tribunal. Por el momento, todo parece tranquilo para él. El juez le aseguró que tendrá hasta 2029 para defender su caso.
Es el mismo tiempo que hace una semana le dieron a Dunia —quien también prefiere mantener el anonimato— cuando se presentó en el edificio del downtown de Miami, acompañada de su bebé. “Fue extremadamente tenso todo, los de ICE estaban allí vestidos de civil. Dicen que el miércoles pasado cargaron con 18 personas, el jueves con 10, es horrible”, cuenta ella, que vive en Estados Unidos desde hace cuatro años. “Ya era hora de que nos tocara a nosotros los I-220A, éramos los que quedábamos pendientes. Pasaron por los beneficiarios del parole, los de CBP One, y ahora por nosotros”.
Ambos salieron de Cuba y llegaron a la frontera mexicana con la esperanza de conseguir la residencia permanente que por décadas han obtenido los ciudadanos de la isla en Estados Unidos. Pero las cosas han cambiado. Permanecen con el estatus I-220A, un permiso de libertad bajo supervisión otorgado a unos 400.000 cubanos en los últimos años, que les impide regularizarse. Hasta el momento, los migrantes con esa categoría no corrían peligro. Políticos de Florida como la congresista republicana María Elvira Salazar les han prometido que no deben temer, que están a un paso de legalizarse. Pero ahora muchos le lanzan a Salazar la pregunta de vuelta. Hace poco la llamaron “traidora” en una valla publicitaria, junto a otros políticos republicanos como Carlos Giménez y Mario Díaz-Balart.