Además, los fiscales subrayaron que desde 2010, Haití ha enfrentado inestabilidad política y que Estados Unidos ha seguido extendiendo las protecciones del TPS para los haitianos desde 2011.
Dicha protección se otorga a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias que impiden el regreso seguro a su lugar de origen.
Sin embargo, pese “a las condiciones inseguras en Haití, la Administración Trump tomó medidas para poner fin a las protecciones para los titulares del TPS, poniendo en peligro la seguridad de innumerables personas”, advirtieron los togados.
El pasado febrero, la Administración Trump anunció que no continuaría extendiendo los beneficios del TPS para los haitianos, lo que afecta a más de medio millón de inmigrantes de este país que viven y trabajan en EE.UU.
Como consecuencia de esto, el TPS para Haití vencerá el próximo 3 de agosto y dejaría sin un estatus legal -y por lo tanto, vulnerables a la deportación- a más de 520.000 migrantes haitianos.
Los fiscales se unieron así como “amigos de la corte” (un término que se usa para referirse personas interesadas en una materia que presentan argumentos con la intención de brindar una solución al problema) al caso de la Asociación del Clero Evangélico Haitiano contra Donald J. Trump, presentado en la corte federal de Nueva York.
Además del impacto humanitario, los fiscales generales argumentan que terminar el TPS perturbaría las economías locales y agotaría los recursos estatales en varios estados, entre ellos Nueva York, y recordaron que muchos son propietarios de viviendas y negocios que aportan miles de millones de dólares a la economía a través de salarios e impuestos.