The New York Times explicó que el gobierno federal ha invocado una cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que otorga al Departamento de Estado facultades para negar o revocar visas a extranjeros cuyas acciones puedan tener consecuencias adversas para la política exterior de Estados Unidos.
Esta disposición, rara vez utilizada, ha sido activada en el contexto actual como base jurídica para justificar arrestos y revocaciones de visas estudiantiles.
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