Por Guillermo Bello Vicentini
He leído el Real Decreto Ley a favor de invasores de viviendas privadas denominados okupas, el cual legaliza lo ilegal, esta reacción inefable del gobierno contra el sector privado inmobiliario me obliga a escribir unas pocas líneas.
Esta ley con maquillaje de solidaridad social es extensa, pero voy a resaltar cuatro puntos porque son insólitos y uno que es conceptual:
Es insólito; 1- La segmentación de tiempo en protección a favor de los okupas; 5 años si el propietario es personas natural, 7 años si es persona jurídica y de 12 años si la vivienda pertenece a un banco o fondo de inversión. 2- Los arrendatarios tienen la posibilidad de mutar a okupas. 3- Se le obliga al propietario continuar pagando la hipoteca financiera, impuestos, condominio, agua, electricidad y gas. 4- El propietario comete delito en caso de no cumplir con las obligaciones económicas del inmueble para que el okupa viva a plena satisfacción. 5- «la expropiación de viviendas no utilizadas durante dos años de forma injustificada serán confiscadas a sus dueños«; quien y como se define la «forma injustificada» del uso de una vivienda privada???. Por experiencia, tenemos muy claro que hay una gran diferencia legal y operativa entre expropiar y confiscar.
El punto conceptual tiene dos aspectos; el primero es contra los capitales extranjeros inmobiliarios que confiaron en España que no desaparecen de un dia para otro, ni se siente a corto plazo; el que posee quiere vender y el que deseaba comprar se inhibe. El segundo aspecto es contra los ciudadanos españoles, adultos mayores retirados; que luego de haber trabajado 30-50 años para tener una renta o pensión de vejez, la han perdido. Resulta increíble pero se les exige mantener a los okupas de su propia vivienda. Las consecuencias de esta medida son preocupantes para la sociedad civil, de manera especial cuando el legítimo propietario se siente injustamente desprotegido, lo cual lo convierte en un potencial ejecutor de justicia por mano propia o corruptor de la justicia para recuperar su inmueble invadido.
En materia económica se distorsiona el mercado inmobiliario a corto plazo por la venta de viviendas de segunda y espanta la inversión y construcción de nuevas viviendas, en poco tiempo disminuirán las ofertas de alquiler y las existentes subirán de precio. En materia política me limito a The Economist y su índice de Calidad Democrática para el año 2021, publicó que España dejó de ser «democracia plena» y baja su clasificación a una «democracia con defectos».
El Socialismo del Siglo XXI tiene como propósito y meta empobrecer a la clase media y cuenta con el monopolio de poder proclamar leyes para tal fin, como lo demuestra la ley de okupas que protege al invasor y no al legítimo propietario. Un acto de expoliación y PRIMER PASO LEGAL CONTRA LA VIVIENDA PRIVADA EN ESPAÑA.