La reforma se presentará mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia).
En Argentina, el DNU es enviado por el Ejecutivo, tiene fuerza de ley y sólo puede ser revocado si el Senado o la Cámara de Diputados en el Congreso votan en contra del decreto. Sin embargo, el DNU sigue vigente hasta que ambas cámaras analicen el texto.
Estas nuevas medidas representan un cambio radical en la política migratoria de Argentina, un país cuya historia ha estado íntimamente ligada a la inmigración -sobre todo a la procedente de Italia y España- a la que recibió por décadas a fines del siglo XIX, comienzos del XX.
El gobierno argentino justificó la medida como parte de un esfuerzo por «restaurar el orden» y garantizar que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los ciudadanos argentinos.
Manuel Adorni, el vocero presidencial que anunció los cambios, señaló en rueda de prensa que a diferencia de la inmigración «virtuosa» que el país recibió en el pasado y que «aportó su parte a construir la gran potencia que supo ser la Argentina», hoy día existe «una normativa que invita al caos y al abuso de vivos que lejos están de venir de forma honrada a construir un futuro de prosperidad».
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