Mucha expectativa, incluso tensión, se vivió por más de 4 horas en la Junta de Comisionados del Condado de Miami Dade-County el martes 19, durante la discusión del futuro de la planta incineradora de basura de la calle 97 de Doral.

En la sesión se aprobó iniciar el proceso de cierre de la planta de COVANTA, por el alto costo que conlleva mantenerla abierta: un millón de dólares al mes, a pesar de que estaba sin operaciones tras el incendio de febrero de este año. “Es un desangre”, se escuchó en medio de la sesión.

Desde el inicio del encuentro, la alcaldesa de Doral, Christi Fraga y otras autoridades de la ciudad, activistas, defensores ambientales y residentes, tenían la expectativa que la Junta decidiera también reubicar la planta en Opa-Locka West Airport (413 Acres), como lo ha recomendado la alcaldesa del condado, Daniella-Levine Cava, en primera opción, pero esa propuesta no se aprobó, por ahora.

¿Qué sí aprobó? Además del cierre oficial de la planta, la Junta autorizó el inicio de unos estudios ambientales y mediciones de la calidad del aire de las tres opciones que están sobre la mesa: reubicación en Opa-Locka, Medley o continuar en Doral.

Después de estas evaluaciones, cuyas investigaciones se realizarán entre cuatro y seis meses, los comisionados tomarán una decisión sobre la reubicación de la planta basados en los resultados que arrojen los estudios. Si bien está de tercer lugar entre las recomendaciones, Doral no ha sido descartada como opción.

Desde el inicio del meeting más de 65 residentes de Doral, entre autoridades de la ciudad (como el Vice-Alcalde, Rafael Pineyro) y activistas, tomaron la palabra para manifestar su oposición a la reapertura y continuidad de la planta en la ciudad, argumentando razones de salud, seguridad y ambientales.

El director de Doral Voice, Juan Carlos Esquivel, tomó el micrófono en la sesión y en dos minutos sintetizó las razones por las cuales la planta de COVANTA debe salir de Doral.

También se escucharon voces de preocupación por la propuesta de definir la opción de Opa-Locka, especialmente de los alcaldes de Miramar y Hialeah. Nadie quiere la planta en su vecindario.

El Jefe de la Junta de Comisionado, Oliver G. Gilbert planteó que en el caso de aprobarse la reubicación de la planta fuera de Doral, la ciudad debe contribuir con el financiamiento de la nueva instalación de la siguiente manera:

Si el valor de una propiedad de Doral, ubicada a menos de una milla de la planta, sube su valor más de 3.5%, esa diferencia o excedente se destinaría al condado para contribuir con el pago de la nueva instalación (no es un impuesto). Gilbert supone que tras la salida de la planta de COVANTA de la ciudad las propiedades cercanas se revalorizarían.

Sobre este escenario, la Alcaldesa Christi Fraga, dijo a Doral Voice: “Ellos quieren que nosotros paguemos si se mueve la planta, pero eso lo tenemos que negociar, lo vamos a negociar”, aseguró.

Imagen cortesía

Fuente: Doral Voice

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