El programa CHNV nació como una respuesta del gobierno de Joe Biden ante las crisis humanitarias y políticas en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Desde octubre de 2022, permitió el ingreso legal de ciudadanos de esos países bajo un esquema de permanencia temporal, con permisos válidos por hasta dos años.
Pero el 20 de enero de 2025, la nueva administración de Donald Trump anunció el cierre del programa, al establecer como fecha de finalización el 24 de abril de este mismo año. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), unas 530 mil personas recibieron el beneficio. Sin embargo, tras la decisión presidencial, todos ellos quedaron expuestos a la posibilidad de deportación si no iniciaban trámites migratorios alternativos.
La administración justificó la decisión al aludir que el parole humanitario alentaba una migración prolongada sin ruta clara hacia la ciudadanía o residencia permanente. De este modo, el 24 de abril se convirtió en la fecha límite para regularizar la situación o enfrentar una orden de salida del país norteamericano.
La intervención judicial: una jueza federal detuvo el fin del CHNV
Cuando parecía que el cierre del CHNV sería inevitable, la jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito en Boston, frenó el avance de la administración Trump. En específico, la magistrada emitió una orden cautelar que suspendió la cancelación.
En su fallo, afirmó que eliminar de forma abrupta el programa forzaba a los migrantes a elegir entre abandonar Estados Unidos voluntariamente o enfrentar una expulsión inmediata, lo que calificó como una disyuntiva “insostenible”. Además, subrayó que esta medida causaría “un daño irreparable” a personas que ingresaron legalmente y que cumplieron todos los requisitos establecidos por el propio gobierno.
La medida también impidió que se cancelaran los trámites que ya estaban en curso. “Nuestros clientes —y los miembros de la clase— han cumplido con todo lo que el gobierno les ha solicitado. Nos complace que la corte haya impedido que el gobierno incumpla su parte del acuerdo”, señaló Karen Tumlin, fundadora del Justice Action Center, una de las organizaciones que impulsó la demanda.
Qué pueden hacer los beneficiarios del CHNV mientras continúa el litigio: alternativas legales
Aunque la orden judicial otorgó una protección momentánea, la situación legal de los beneficiarios del CHNV aún es frágil. Quienes no hayan iniciado un proceso migratorio alternativo podrían enfrentar la expulsión en caso de que la medida cautelar sea revocada en el futuro. Por eso, diversas organizaciones enumeraron las opciones disponibles para los migrantes.
Según un reporte de Refugees International, estas son las alternativas que pueden considerar los beneficiarios:
-Ajuste de estatus: quienes tengan familiares inmediatos con ciudadanía o residencia permanente pueden empezar un trámite para obtener la residencia legal. Esto aplica en especial a cónyuges, padres e hijos menores de edad.
-Solicitud de asilo o protección: aquellos que teman persecución o tortura en su país de origen pueden pedir asilo político o acogerse a la Convención contra la Tortura. Es fundamental demostrar que existen amenazas serias y concretas.
-Cancelación de deportación: algunos migrantes pueden solicitar la cancelación si han vivido de forma continua en el país durante un tiempo determinado y si presentan pruebas de buen carácter moral y arraigo.