En al menos 20 casos recientes, las solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas, ignoradas o no tramitadas. Foto: Federico Parra / AFPLa Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó este miércoles al régimen de Nicolás Maduro a cesar de inmediato la práctica de desaparición forzada de opositores. Alertó que esto podría constituir un crimen de lesa humanidad.
“Es una práctica perversa e ilegal”
Expresó profunda preocupación por lo que describió como una práctica sistemática del Estado venezolano para silenciar a voces críticas, defensores de derechos humanos y figuras opositoras, mediante el uso deliberado de detenciones arbitrarias, muchas veces sin acceso a comunicación ni asistencia legal.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
Según el informe, estas detenciones selectivas forman parte de una política represiva planificada desde las más altas esferas del poder, con la complicidad de cuerpos de seguridad como el Sebin, la Dgcim, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
Funcionarios judiciales “son cómplices”
La misión también responsabilizó al Ministerio Público y a instancias judiciales, como la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por asegurar la impunidad de estas violaciones.
La Misión alertó sobre la inoperancia del habeas corpus, un recurso legal básico para proteger a ciudadanos contra detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Señaló que en al menos 20 casos recientes, las solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas, ignoradas o no tramitadas por el sistema judicial.
“La indiferencia, la resistencia o la negativa del aparato judicial a recibir y tramitar habeas corpus es un grave incumplimiento de los deberes de sus funcionarios y supone un acto de complicidad”, señaló la experta Patricia Tappatá.
De los 13 casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en lo que va de 2025, en 9 se documenta la ineficacia del habeas corpus como mecanismo de protección.