Con la reciente detención de seis mujeres en el contexto de las elecciones del pasado 25 de mayo, el número de presas políticas en Venezuela se elevó a 100, de acuerdo con el equipo de monitoreo y documentación de la ONG  Caleidoscopio Humano.

El pasado viernes 23 de mayo, durante una rueda de prensa, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello anunció que por lo menos 70 personas fueron arrestadas entre el 21 al 26 de mayo por un supuesto plan terrorista que tenía como objetivo sabotear las elecciones.

Aunque entre estos detenidos, según Cabello, al menos 10 son mujeres, el ministro solo reveló la identidad de cuatro de ellas, sin dar ninguna explicación sobre su paradero y de qué cargos se les acusa. Únicamente dio a conocer fotos de reseñas policiales que las expone a una investigación de la que tampoco se conocen detalles.

Entre las presas políticas se encuentra la defensora de derechos humanos, abogada y profesora universitaria Rocío San Miguel, quien ha sido víctima de un proceso judicial irregular. También está en la lista Emirlendris Carolina Benítez Rosales, detenida el 5 de agosto de 2018 en el estado Portuguesa junto a su esposo cuando estaba embarazada, pero que tras sufrir torturas por parte de las autoridades sufrió un aborto.

 

Otro de los casos es el de Yosida Venegas, de 67 años de edad, madre del sargento Juan Carlos Monasterio, quien fue detenido por presuntamente estar involucrado en intento de magnicidio. Entre las recientes detenciones está la periodista Nakary Mena Ramos, arrestada en abril junto a su esposo Gianni González por la supuesta publicación de una noticia falsa.

Presas políticas en condición vulnerable

Caleidoscopio Humano alertó que estas 100 mujeres están en condición vulnerable ante la falta de mecanismos de protección de derechos humanos, condiciones de detención dignas y seguras, y políticas de igualdad de género en el acceso a la justicia y protección en Venezuela.

 

La ONG advirtió que las presas políticas pueden estar expuestas a los siguientes riesgos:

  • Violencia de género y violencia sexual: las mujeres detenidas pueden ser víctimas de abusos físicos, sexuales o psicológicos por parte de autoridades, incluyendo malos tratos, violación o explotación durante el proceso de detención o en las instalaciones penitenciarias.
  • Falta de acceso a atención médica especializada: las mujeres pueden tener dificultades para recibir atención médica adecuada, especialmente en casos de embarazo, parto o condiciones de salud específicas, lo que las hace más vulnerables a complicaciones o abusos.
  • Discriminación y trato diferenciado: la detención arbitraria puede estar acompañada de un trato diferenciado basado en su género, lo que puede incluir humillaciones, discriminación o negligencia.
  • Situaciones de pobreza y exclusión social: las mujeres en situación de vulnerabilidad socioeconómica enfrentan mayores dificultades para acceder a asesoría legal, representación y protección durante su detención. Incluso familiares que no pueden asumir lo que significa el cuidado de alguien en prisión.
  • Falta de protección para madres y mujeres embarazadas: las mujeres embarazadas o madres lactantes enfrentan una mayor vulnerabilidad y, en muchos casos, no reciben la atención especializada que requieren, poniendo en riesgo su salud y la de sus hijos.
  • Estigma y discriminación social: la estigmatización social puede afectar la protección y los derechos de las mujeres detenidas, limitando su acceso a justicia y apoyo.
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