«Ambos militares habían estado previamente recluidos en Ramo Verde, que es el centro de reclusión correspondiente según su estatus militar. El traslado fue realizado sin notificación a sus familiares ni orden judicial conocida, por lo que es considerado arbitrario», añadió.
El comité sostuvo que desde el 20 de abril pasado, que sus familiares no tienen fe de vida verificable.
«Ese día recibieron una llamada de dos minutos en la que los sargentos pidieron ser ayudados para salir de ese lugar. Desde entonces no se ha tenido más información sobre su estado físico o psicológico», explicó.
Asimismo, dijo que la falta de contacto, visitas y confirmación oficial sobre su paradero y condiciones de detención «ha generado gran preocupación entre sus familiares, quienes temen por su integridad y advierten que la situación podría constituir una desaparición forzada».
El 20 de enero de 2019, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana robaron armas de guerra, secuestraron a otros cuatro funcionarios y luego se dirigieron a una comando en Cotiza, donde se encontraron resistencia por parte de otros agentes.
Según informó entonces la FANB, el grupo insurrecto fue «rendido y capturado» tras pactar su entrega a militares leales a Maduro.
El régimen venezolano anunció en ese momento la captura de 27 de los implicados en la sublevación militar.
Con información de EFE