Ante la caída de los ingresos petroleros y el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos —que involucra el fin de la licencia a Chevron en Venezuela—, el gobierno de Nicolás Maduro optó por trasladar la carga financiera al sector privado, aumentando los impuestos y las tarifas de los servicios públicos.
La medida busca compensar la pérdida de divisas, pero amenaza con ahogar a las empresas que aún operan en un entorno ya adverso.
Las consecuencias: menos empleo, más cierres
El impacto ya se refleja en las expectativas laborales. Según Conindustria, las grandes empresas no planean aumentar su personal, y las medianas proyectan incluso una reducción cercana a 1%.
En paralelo, comerciantes del interior del país reportan el cierre de locales con baja facturación.
“Cuando un cliente paga por un producto, está pagando una buena parte de los impuestos que el comerciante le entrega al Estado”, comentó un empresario. Además, alertó sobre el peso de los impuestos municipales, que agravan los precios al consumidor.
Las fábricas locales, a diferencia de muchas empresas extranjeras que importan productos terminados, enfrentan múltiples tributos por operar en varios municipios.
“Para las empresas con producción local el impacto es aún más crítico”, explicó a Reuters el directivo de una firma internacional.
Un “salvavidas para el chavismo”
Desde el oficialismo, el aumento de la recaudación es presentado como un logro.
“Con una mayor recaudación fiscal se han podido aliviar los momentos económicos difíciles. Debemos agradecer al sector privado, que ha hecho una contribución considerable”, dijo a Reuters el diputado José Vielma Mora.
Los analistas, sin embargo, no comparten el entusiasmo. Para Luis Bárcenas, economista de Ecoanalítica, los impuestos son simplemente “un salvavidas para el gobierno”.
Su firma estima que la recaudación podría llegar a los 13.000 millones de dólares este año y que las empresas ya destinan la mitad de sus ganancias al pago de tributos.