“Es criminal solo pensar en el poder por el poder y dejar en un alto nivel de indefensión a los más vulnerables”, declaró Narváez, recordando que el bienestar social y el derecho a un salario digno son derechos humanos y constitucionales fundamentales.
El abogado defensor calificó la política económica actual como “despreciable e inhumana”, afirmando que actúa como una “fábrica para producir más pobreza”. Además, denunció que aquellos que intentan reclamar sus derechos se enfrentan a detenciones arbitrarias, servicios públicos ineficientes y un sistema de salud pública colapsado, donde los pacientes deben llevar sus propios insumos para ser atendidos.
Narváez responsabilizó directamente al Estado de ser el “promotor de la hambruna y la pobreza del pueblo como política”, violando no solo los derechos civiles y políticos, sino también el derecho humano a la alimentació