En Venezuela hay cerca de 2,000 presos políticos y la mayoría de ellos recibe tratos inhumanos en las cárceles, según organizaciones de derechos humanos. Estos son los testimonios de Villca Fernández y Nixon Leal, quienes aseguran haber sido torturados. Advertimos que lo que narran puede ser perturbador.
Estos seis presos deberían estar fuera de las rejas desde hace más de una década, porque les corresponde algún beneficio procesal por ley, pero los tribunales les niegan la libertad con argumentos que carecen de legalidad, según los abogados. Ellos representan dos de los casos políticos más simbólicos en la historia judicial y una épica, construidos desde el chavismo.
Los abogados no cesan sus esfuerzos por conseguir la libertad. Están a la espera de justicia de los organismos interamericanos que conocen los casos, ante la falta de independencia judicial.
En los últimos meses, decenas de personas que sufrieron prisión en Venezuela han hablado sobre las torturas de las que fueron víctimas mientras estuvieron detenidas en El Helicoide y la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Cifras del Foro Penal Venezolano revelan que en los últimos 10 años casi 18 mil personas han sido arrestadas por oponerse al régimen. Muchos de ellos aseguran haber sufrido diferentes métodos de tortura.
Las cárceles políticas en Venezuela son «el infierno en la tierra» dice Nixon Leal, quien estuvo preso en la sede de la DGCIM.
Villca Fernández, quien estuvo dos años y siete meses preso en El Helicoide, recuerda que al entrar a la prisión le dicen: «Bienvenido al infierno».
Los tres PM y el “trofeo para Chávez”
El inspector jefe Héctor Rovain, el distinguido Erasmo Bolívar y el cabo primero Luis Molina, de la Policía Metropolitana (PM), organismo encargado del orden público de la ciudad y que dependía de la Alcaldía Metropolitana en manos de la oposición, fueron detenidos junto a otros seis funcionarios de alto y mediano rango, por las protestas contra el gobierno de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002, en el contexto de un golpe de Estado.
En esos hechos, tras una histórica marcha de la oposición que llegó al centro de Caracas, fallecieron 19 personas, la mayoría simpatizantes de la oposición, entre un centenar de heridos y detenidos. Ese día es considerado el inicio del proceso de criminalización.
Tras un largo caso lleno de retrasos e incidencias, solo Rovain, Bolívar y Molina siguen presos y se encuentran en un centro penitenciario en el estado Lara, en el noreste de Venezuela.
Fueron condenados a 30 años de prisión cuando tenían ya 21 años puestos tras las rejas, sin sentencia, por la jueza Maryorie Calderón, quien es la actual presidenta de la Sala Social del Tribunal Supremo.
Otros cuatro funcionarios, entre ellos dos directivos de la PM y el secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Iván Simonovis, fueron sentenciados a 30 años, pero les dieron casa por cárcel por severos problemas de salud. Simonovis logró salir del país, los otros dos cumplieron completas sus condenas de entre 16 años y 17 años de prisión.
En contraste, los oficialistas señalados de disparar desde Puente Llaguno hacia la multitud fueron absueltos de los cargos después de tres meses y medio de iniciarse el proceso. La jueza Calderón concluyó que actuaron en “legítima defensa”.
En el proceso nunca se mostraron evidencias que comprometieran a los “metropolitanos”, a pesar de 230 audiencias y 265 experticias, según declaró el abogado José Luis Tamayo, defensor en esa época. “Se ha cometido un delito de lesa justicia, (la jueza) se atrevió a condenar sin pruebas”. Y agregó que “había entregado un trofeo al presidente Chávez en la víspera de otro aniversario de los sucesos del 11 de abril”, según la cita de medios.
Desde el año 2007 están pendientes de ejecución las medidas alternativas que les corresponden a los tres prisioneros Rovain, Bolívar y Molina, y que piden año tras año para salir en libertad condicional.
En 2023, María Bolívar, tía del agente Erasmo Bolívar, pidió que el caso no sea olvidado. “Pido nuevamente su libertad y que los dejen volver a casa”, declaró a periodistas, en otro aniversario de los hechos de abril. Además, destacó que “los tres funcionarios pagan un crimen que no cometieron, como quedó demostrado en el juicio”.
De Montesinos al crimen de Anderson
En 2004, dos años después del caso del 11 de abril, los comisarios Otoniel Guevara Pérez, exdirectivo del extinta policía de inteligencia DISIP (ahora SEBIN) y Rolando Jesús Guevara Pérez, exjefe de Homicidios de la policía de investigación penal, ambos hermanos, fueron detenidos violentamente el 23 noviembre como presuntos responsables del asesinato del fiscal del Ministerio Público, Danilo Baltazar Anderson.
El primo de ambos, Juan Guevara Rodríguez, había sido detenido tres días antes bajo los mismos cargos.
Este 2024, los tres Guevara cumplirán 20 años como presos políticos del chavismo, recluidos en calabozos del SEBIN, en el Helicoide.
El crimen del fiscal, quien se ufanaba de adelantar procesos penales contra opositores a pesar de tener competencia ambiental, ocurrió en la noche del 18 de noviembre de ese año, cuando explotó su camioneta en la que se trasladaba por una vía del sur de Caracas.
Al caso, que causó conmoción, vincularon a banqueros, empresarios y expolicías sin que tuviesen relación con el fiscal. Aparecieron supuestas pruebas de explosivos y testigos que más tarde se retractaron y desaparecieron del ámbito penal.
Los Guevara, quienes denunciaron haber sido torturados física y psicológicamente durante su detención y luego desaparecidos durante tres días por cuerpos de seguridad del Estado, fueron acusados del homicidio de Anderson y luego condenados a 27 años de prisión en menos de un año.
Al primo lo condenaron a cumplir dos años más por el delito adicional de porte ilícito de arma.
Sin embargo, no era la primera vez que sus nombres aparecían en un caso sonado.
En 2001, a Otoniel y Rolando Guevara se les vinculó con el extraño ingreso, traslado y estadía ilegal en Venezuela de Vladimiro Montesinos, exasesor de la inteligencia del presidente peruano Alberto Fujimori y prófugo de la justicia, quien fue detenido y extraditado a su país. También los mencionaron en el caso del 11 de abril.
Libertad negada
En ningún caso se encontraron evidencias contra los hermanos.
“Desde 2011, los Guevara podrían estar en libertad si el tribunal le hubiese acordado los beneficios solicitados”, explica la abogada Jacqueline Sandoval, esposa de Rolando y directora de una fundación de derechos humanos.
Pero la posible excarcelación se la niegan cada año. “Lo único que toman en consideración es el examen psicosocial, pero cada vez que uno lo solicita no hacen caso, o lo hacen cada vez que quieren. Y les dicen que no están aptos para salir a la calle, porque no admiten haber cometido el delito. ¿Y cómo van a admitir algo que no han hecho? Pero el tribunal, sin considerar absolutamente más nada, lo niega”.
Desde el año 2023, el caso de los Guevara por el crimen de Anderson, nunca bien investigado, se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en etapa preliminar, luego que la Comisión le remitió el caso tras notificar al Estado venezolano para que opusiera excepciones y promoviera pruebas.
“El Estado no lo hizo, esperamos saber con qué pruebas se irá al proceso”, dice la abogada.
En unos dos años, la Corte IDH podría concluir el proceso de los Guevara por la violación reiterada de sus derechos humanos.
opimentel@diariolasamericas.com
FUENTE: Entrevista a abogada Jacqueline Sandoval, con información de CIDH, EfectoCocuyo, El Pitazo