Nunca había sido tan difícil en la historia contemporánea de Venezuela sostener una vida con dignidad en el país como en la última década, la cual hemos llamado, en razón de los hallazgos de nuestra más reciente investigación: Nicolás Maduro, una década oscura para los Derechos Humanos.
Hoy estamos ante un país donde el hambre azota a la población alcanzando a más del 45% de los hogares con inseguridad alimentaria; la falta de medicinas, la decadencia hospitalaria y el resurgimiento de enfermedades afectaron a miles de vidas logrando unas 410.684 denuncias al derecho a la salud en 10 años; el patrimonio familiar está pulverizado por la inflación y unas políticas de pobreza que han dado como resultado un salario mínimo de hambre de 130 bolívares, unos 3,55 dólares americanos al mes.
Además, enfrentamos constantes apagones con el desmantelamiento del sistema eléctrico que afecta con mayor intensidad a las regiones más remotas del país; un 69% de la población con severas restricciones para el acceso a agua potable tras un irresponsable manejo de los recursos públicos y empresas estatales; cierre de empresas y locales privados por prestar servicio a dirigentes opositores; una devastación de los bosques y contaminación con mercurio a ríos de la Amazonía venezolana por el violento modelo extractivista del Arco Minero del Orinoco que ha afectado a más de 140 000 hectáreas, incluidos Parques Nacionales y sus ecosistemas frágiles; ilegalizaciones o intervenciones arbitrarias de partidos políticos; y un sufrimiento general sin descanso, agravado por la distancia familiar causada por la migración forzada que ha expulsado a más de 7.7 millones de venezolanos en los últimos años con una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes.
Nunca había sido tan difícil en la historia contemporánea de Venezuela sostener una vida con dignidad en el país como en la última década, la cual hemos llamado, en razón de los hallazgos de nuestra más reciente investigación: Nicolás Maduro, una década oscura para los Derechos Humanos.
Hoy estamos ante un país donde el hambre azota a la población alcanzando a más del 45% de los hogares con inseguridad alimentaria; la falta de medicinas, la decadencia hospitalaria y el resurgimiento de enfermedades afectaron a miles de vidas logrando unas 410.684 denuncias al derecho a la salud en 10 años; el patrimonio familiar está pulverizado por la inflación y unas políticas de pobreza que han dado como resultado un salario mínimo de hambre de 130 bolívares, unos 3,55 dólares americanos al mes.
Además, enfrentamos constantes apagones con el desmantelamiento del sistema eléctrico que afecta con mayor intensidad a las regiones más remotas del país; un 69% de la población con severas restricciones para el acceso a agua potable tras un irresponsable manejo de los recursos públicos y empresas estatales; cierre de empresas y locales privados por prestar servicio a dirigentes opositores; una devastación de los bosques y contaminación con mercurio a ríos de la Amazonía venezolana por el violento modelo extractivista del Arco Minero del Orinoco que ha afectado a más de 140 000 hectáreas, incluidos Parques Nacionales y sus ecosistemas frágiles; ilegalizaciones o intervenciones arbitrarias de partidos políticos; y un sufrimiento general sin descanso, agravado por la distancia familiar causada por la migración forzada que ha expulsado a más de 7.7 millones de venezolanos en los últimos años con una Emergencia Humanitaria Compleja sin precedentes.