El presidente del TSJ en el exilio, Antonio Marval, recalca que en 2020 se promulgó la ley que incluye al TSJ como institución que le correspondía financiamiento del gobierno interino que lidera Juan Guaidó, por las características de lo que sería su funcionamiento con un presupuesto propio. Sin embargo, hasta el momento, la instancia judicial no cuenta con ningún tipo de recursos

El pasado jueves 21 de julio se cumplieron cinco años de la juramentación de los magistrados escogidos por la Asamblea Nacional electa en 2015, una decisión que les costó la persecución por parte de la administración de Nicolás Maduro y el posterior exilio a los 33 juristas que fueron designados miembros de la máxima corte del país, en una sesión especial que fue celebrada en la Plaza Alfredo Sadel, en el este de Caracas.

“Valientes, valientes”, así los calificó una multitud de personas, entre miembros de la sociedad civil y diputados, que participaron de la sesión presidida, entonces, por el titular del Parlamento, Julio Borges, en julio de 2017. Cinco años después de aquel hecho inédito en la historia política contemporánea del país, el grupo de 24 magistrados que conforman el actual TSJ en el exilio padece, en diferentes medidas, los problemas propios de la diáspora venezolana.

En entrevista con El Pitazo, el presidente de la junta directiva del TSJ en el exilio, el magistrado de la Sala Político Administrativa, Antonio Marval, y el segundo vicepresidente, magistrado de la Sala Electoral, Domingo Salgado, repasan las principales decisiones de la máxima instancia judicial que contaron con el firme apoyo del Parlamento elegido en 2015 y que en 2022 mantiene su funcionamiento sin ningún tipo de financiamiento ni recursos provenientes del gobierno interino que lidera Juan Guaidó.

Marval, oriundo del estado Carabobo, fue uno de los 33 magistrados, entre titulares y suplentes, que tuvieron que apelar a diversas estrategias para lograr salir del país, en medio de la persecución que se registró 24 horas después de la juramentación. Le tocó regresar a la ciudad de Valencia, desde Caracas, para refugiarse en un lugar seguro hasta el 1 de agosto de 2017, cuando salió de Tucacas en un bote rumbo a Curazao, junto con otros tres de sus colegas, en una travesía de 6 horas, para luego llegar a Florida, donde está actualmente.

“Tal y como lo hacen nuestros hermanos cubanos para huir de una dictadura. Jamás imaginamos que después de la juramentación iba a comenzar una persecución”, destacó Marval vía telefónica.


“Es lamentable esta situación, ver cómo el TSJ ha sido objeto de olvido por muchos de quienes nos designaron y que se lavaron la cara frente al pueblo, porque al final se trató de un mandato del pueblo”

Magistrado Antonio Marval, presidente de la junta directiva del TSJ en el exilio


Salgado, por su parte, enfatiza las expectativas que estaban latentes sobre un cambio gubernamental en 2017, perspectivas que cambiaron con el incremento del conflicto político y con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo.

“Estuve un tiempo en Valencia (Carabobo) y, posteriormente, regresé a la ciudad capital porque teníamos la convicción de que pronto caería el régimen. Me refugié durante varios días en la clandestinidad. Electa la Asamblea Nacional Constituyente y visto que era más difícil continuar la lucha en territorio nacional, decidí salir del país”, relata Salgado vía telefónica.

Fuera de Venezuela, ya en 2017, los nuevos magistrados comenzaron un nuevo periplo con giros inesperados.

Principales sentencias

El TSJ en el exilio, que en un principio se instaló en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, mantiene su funcionamiento en 2022 con 6 salas (Constitucional, Casación Penal, Electoral, Político Administrativa, Casación Civil y Social) y su conformación la componen 24 magistrados desperdigados en Chile, Panamá, Colombia, España, Estados Unidos y Alemania.

Entre las decisiones o sentencias más significativas en estos 5 años de gestión del TSJ en el exilio, con 60 pronunciamientos hasta ahora, según destacan tanto Marval como Salgado, resaltan el juicio con posterior condena contra Maduro, la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo, así como del sistema electoral venezolano y la declaratoria de inconsistencias del Registro Electoral.

“La decisión más importante que ha tomado la Sala Plena es el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, en el que se le condenó a 18 años y 3 meses de prisión por los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Fue una decisión que se celebró en el Senado de la República de Colombia y en Estados Unidos, en la sede de la Alcaldía de Miami. Eso se hizo por una acción que interpuso la fiscal general Luisa Ortega Díaz”, destacó Marval.

 

El titular de la junta directiva puntualiza que el TSJ en el exilio cumple con sus funciones, pese a las condiciones actuales y su norte es la autonomía y la independencia, algo que, asegura, encuentra obstáculos en el seno de la propia oposición. “Lamentablemente, eso no solo es mal visto por el régimen, por la dictadura, sino también por quienes dicen ser demócratas”.

 

El segundo vicepresidente del TSJ en el exilio alude a los intentos por dejar en el olvido las principales decisiones de la instancia judicial paralela a la que funciona en suelo venezolano. “Hoy, el interés político, de una forma lamentable, prefiere intentar acallar y hacer olvidar estos importantes acontecimientos”.


“Desde 2020 hasta la presente fecha, el TSJ legítimo ha sido la única institución que por ley le correspondía presupuesto y no lo han pagado”

             Magistrado Antonio Marval, presidente de la junta directiva del TSJ en el exilio


En el olvido y sin recursos

El presidente del TSJ en el exilio contextualiza la situación de los magistrados, quienes, al no contar con el apoyo del gobierno interino, deben desempeñarse en actividades que, en la mayoría de los casos, no están vinculadas con el ejercicio propio de juristas.

En el caso de Salgado, el abogado logró dividir su tiempo al frente de las labores en la instancia judicial venezolana en el exilio, con reconocimiento internacional, y se dedica al negocio de bienes raíces en Miami, además de contar con una licencia de contratista de servicios de electricidad.

“Nosotros no contamos con recursos oficiales de ninguna naturaleza, ni para la institución, ni para la manutención de cada uno de los magistrados esparcidos en diversos países. A cada uno le ha tocado vivir el sacrificio de la migración y de los trabajos propios de migrantes, sin abandonar las responsabilidades y compromisos frente al pueblo de Venezuela y ante nuestras familias”, recalca Salgado.

 

De acuerdo con Marval, en los primeros años del exilio, la mayoría de los magistrados lograron vivir en las diferentes naciones en las que se radicaron gracias a los ahorros que cada uno acumuló, debido al desempeño exitoso en sus respectivas carreras, principalmente en el sector privado. Sin embargo, la realidad cambió cuando los recursos propios se agotaron.

“Me ha tocado sobrevivir con pocos recursos. La mayoría de los magistrados venimos del ejercicio privado y público, habíamos tenido éxito y eso nos permitió contar con ahorros con los cuales sobrellevar los primeros años del exilio. He tenido que hacer trabajos alternos desde el punto de vista jurídico, ayudando a abogados acá en Estados Unidos, como una especie de asistente, labores que no se corresponden con las funciones de un magistrado. Algunos compañeros dan clases, otros trabajan en cuestiones que no tienen nada que ver con el derecho y tienen que cumplir horarios”, explica Marval.

 

 

Según destaca la ONG Transparencia Venezuela, a propósito de una solicitud de información al gobierno interino realizada en 2020, la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de casos de Riesgo Vital tenía previsto destinar la cantidad de 1.968.000 dólares para el proyecto de cumplimiento de las funciones de la Contraloría Especial y el Poder Judicial Nacional.

Del monto que alude la ONG, poco más de 1.400.000 dólares, según Salgado, conformaban el presupuesto total para el TSJ en el exilio, como una instancia con una estructura de funcionamiento amplia: pagos para magistrados, sede, equipos, arrendamiento y material, entre otros aspectos.

El presidente del TSJ en el exilio recalca que en 2020 se promulgó la ley que incluye al TSJ como institución que le correspondía financiamiento del gobierno interino por las características de lo que sería su funcionamiento con un presupuesto propio. Sin embargo, hasta el momento, la instancia judicial no cuenta con recursos.


“Para nosotros, los magistrados, nunca ha sido ejecutado ese presupuesto, estamos hablando de un incumplimiento de tres años, pero de cinco años en los que cada uno de los magistrados tuvimos que separarnos de nuestras labores en Venezuela”

                Magistrado Domingo Salgado, segundo vicepresidente del TSJ en el exilio


Ante esa situación que compromete todo el funcionamiento, según lo precisado por Marval, la directiva del TSJ en el exilio está exonerada del pago del arrendamiento de la sede de la instancia ubicada en Miami.

“Desde 2020 hasta la presente fecha, el TSJ legítimo ha sido la única institución que, por ley, le correspondía presupuesto y no lo han pagado. Desde el gobierno interino arguyen que no han otorgado la licencia para el pago, pero eso nos llama la atención porque un gobierno que ha manejado una partida de recursos ha debido prever eso”, añadió Marval.

 

 

Salgado, por su parte, califica la situación de afrenta a la democracia y a la justicia. “La Asamblea Nacional aprobó el presupuesto que por ley le corresponde al sistema de administración de justicia, eso cubría unos módicos emolumentos, como los que reciben embajadores, diputados y otros funcionarios del gobierno provisional. Para nosotros, los magistrados, nunca ha sido ejecutado ese presupuesto, estamos hablando de un incumplimiento de tres años, pero de cinco años en los que cada uno de los magistrados tuvimos que separarnos de nuestras labores en Venezuela. Yo lo veo grave, dramático e injusto, y es algo que contribuye al debilitamiento institucional”.

El titular de la junta directiva del TSJ en el exilio califica de lamentable la situación, pero resalta que incluso ese contexto no ha sido un obstáculo para que la instancia judicial fuera de Venezuela continúe sus labores.“Es lamentable esta situación, ver cómo el TSJ ha sido objeto de olvido por muchos de quienes nos designaron y que se lavaron la cara frente al pueblo, porque al final se trató de un mandato del pueblo. No nos han tomado en consideración para el presupuesto que nos corresponde por ley, pero la falta de recursos no ha sido un muro de contención para seguir trabajando para darle respuesta a los venezolanos”, concluyó Marval.


“A cada uno le ha tocado vivir el sacrificio de la migración y de los trabajos propios de migrantes, sin abandonar las responsabilidades y compromisos frente al pueblo de Venezuela y ante nuestras familias”

                 Magistrado Domingo Salgado, segundo vicepresidente del TSJ en el exilio


 

 

Loading...