En la operación policial fallecieron ciudadanos a causa de balas perdidas. Entre ellos se encuentra Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años de edad, que estaba en la puerta de su casa mientras ocurría el enfrentamiento entre delincuentes y agentes policiales.
Por Jackelin Díaz/eldiario
Los vecinos de La Vega, en Caracas, fueron testigos de los últimos momentos de algunos ciudadanos que transitaban por la zona el pasado jueves 7 de enero, pero que sus cuerpos amanecieron la mañana siguiente en la Morgue de Bello Monte. Los familiares de un colector de autobús, identificado como Eliécer Rafael Martínez Rojas, de 23 años de edad, dijeron para Monitor de Víctimas que, en un primer momento, sospechaban que se lo habían llevado detenido, pues la última vez que tuvieron contacto con él fue mediante una llamada telefónica a las 6:00 pm.
Relatan que escucharon el forcejeo y el sonido desesperado de sus manos tocando algunas teclas del teléfono. Hasta ese momento tuvieron contacto.
De acuerdo con la versión policial, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) halló el cuerpo de Martínez en la vía pública a las 7:00 pm del jueves. Se desconoce qué sucedió luego de que perdieron contacto con él.
La cifra de fallecidos durante el operativo policial realizado en La Vega, un barrio al oeste de la capital, es de 23 personas. El hecho estuvo a cargo de funcionarios de las Fuerza de Acciones Especiales (FAES), cuerpo de seguridad que ha sido señalado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por perpetrar ejecuciones extrajudiciales.
Michelle Bachelet, alta comisionada y representante de esta oficina, pidió la disolución de esta fuerza en el año 2019 por las graves violaciones y prácticas de las que es partícipe.
Un año después, Bachelet también denunció que las FAES había actuado y ejecutado extrajudicialmente a más de 2.000 jóvenes entre 1° de enero y 19 de mayo de 2020.
Su preocupación coincidió con un informe que presentó la Misión Internacional Independiente de la ONU, presidida por Marta Valiñas. Quien dijo que “funcionarios de las FAES mantienen patrones para ejecutar extrajudicialmente y recibir órdenes de superiores para matar en vez de detener y juzgar”.
Su oficina ha documentado casos que se replicaron la tarde del jueves 7 de enero en La Vega. A Yeferson José Moreno Plazola, de 28 años de edad, lo ejecutaron dentro de su propia casa. Familiares indicaron que funcionarios de las FAES ingresaron a la vivienda y sacaron a la fuerza a mujeres y niños. Luego, retiraron el cuerpo del hombre con un disparo en la cabeza. En esa misma calle, contaron familiares, otros tres vecinos también fueron víctimas de la masacre.
Ese mismo día, a Julio Alexander Pino Moreno, de 23 años de edad, le dispararon cuando iba bajando de la calle Las Margaritas junto a su esposa y su hijo, un bebé de un año. A su pareja le dijeron que sostuviera a su hijo en brazos mientras fue obligada a permanecer contra una pared. A Pino Moreno lo obligaron a echarse al suelo. Lo asesinaron en ese instante, de acuerdo con el reporte de la ONG.
Un patrón de violencia
Una investigación realizada por la ONG Proiuris destaca que un patrón que se repite constantemente en los operativos policiales es el accionar tras la irrupción violenta en las viviendas de barrios pobres. Además, las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes y los presuntos enfrentamientos son calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.
De acuerdo con este reporte, los patrones violentos dentro del accionar de este cuerpo tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes. Entre enero y septiembre del año 2019, alrededor de 301 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres.
Venezuela, el país con mayor número de muertes violentas en Latinoamérica
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presentó su informe anual en donde visibilizan que durante el 2020 se registraron 11.891 fallecidos por causas violentas.
4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios perpetrados por los cuerpos de seguridad del Estado, por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 16,2 víctimas por cada 100.000 habitantes.
En la operación policial también murieron ciudadanos a causa de balas perdidas. Entre ellos se encuentra Nelson Villalta, un profesor de música de 50 años de edad, quien falleció por un impacto de bala mientras estaba en la puerta y, a las afueras, ocurría el enfrentamiento entre delincuentes y agentes de las FAES.
Por otra parte, la presencia de los funcionarios de las FAES se prolongó por más de ocho horas en La Vega. A las 9:45 pm, Raúl Antonio Lira Sánchez, de 25 años de edad, estaba en una fiesta. Salió en una moto junto con un amigo a buscar una bebida alcohólica.
Poco metros después de arrancar, ambos fueron baleados. El cuerpo de Lira Sánchez, de acuerdo con el reporte de la ONG, tenía al menos seis disparos de bala.
Varios de los parientes que conversaron con Monitor de Víctimas coincidieron en que los funcionarios de la Morgue de Bello Monte les informaron que no podrían velar a sus familiares. Esto debido a que los cadáveres serían llevados directamente al cementerio.
Las FAES sigue accionando
Michelle Bachelet, titular de la Oficina, lamentó en el año 2019 que el régimen de Nicolás Maduro, en lugar de haber solicitado la disolución de las FAES y prevenir que continúen las ejecuciones extrajudiciales, haya optado por reafirmar su apoyo a este cuerpo policial.
La Oficina de la Alta Comisionada ha recibido del Ministerio Público información general que indica que, entre agosto de 2017 y mayo de 2019, 104 miembros de las fuerzas de seguridad fueron condenados por violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, todavía aguarda los detalles sobre los tipos de violación, a qué institución pertenecían los responsables y el perfil de las víctimas.
Las violaciones de derechos humanos han sido documentadas por organizaciones no gubernamentales. Las denuncias han sustentado el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI). También han materializado pronunciamientos de sus más altos representantes quienes han asegurado que en el país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Al menos desde el año 2017.
De acuerdo con un informe publicado en julio de 2020, las FAES fue presuntamente responsable de 432 muertes. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de 366 y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de 136.