Venezuela inicia el nuevo año con 354 presos políticos señalados por conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro @NotiExpressColo 🕧

El 2020 representó el período de mayor brutalidad contra los detenidos, de los cuales 127 son militares y 227 son civiles. Los métodos de tortura se intensificaron y la pandemia marcó la etapa de mayor angustia

Por Sebastiana Barráez/infobae

Ni siquiera los 110 “indultos” que el régimen de Nicolás Maduro concedió el 30 de agosto 2020, hicieron que el nuevo año que se inicia hoy tenga cifras más alentadoras. Hoy hay no menos de 354 presos políticos en las cárceles de Venezuela: 227 son civiles y 127 son militares. Desde hace un año se contabilizan por primera vez 13 indígenas imputados por razones de este tipo, uno de ellos, el pemón Salvador Franco, con un peligroso cuadro de desnutrición y deterioro de la salud, aun así la ministra de Asuntos Penitenciarios Mirelys Zulay Contreras no ordena su traslado a un centro de salud.

El 2020 representó el año de mayor brutalidad contra la generalidad de los presos políticos en Venezuela. Si bien es cierto que el 2019 tuvo como característica especial que los defensores de derechos humanos, los presos políticos y sus familiares centraron sus esperanzas en la actuación de la Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Verónica Michelle Bachelet Jeria, la realidad es que los métodos de tortura se intensificaron y el Covid-19 trajo consigo la etapa de mayor angustia, silencio, desesperación y tristeza en las familias de los presos por cuestiones políticas.

Aunque el régimen de Nicolás Maduro libera a algunos presos, pocos salen totalmente libres, pues la gran mayoría son enviados a casa por cárcel o con régimen de presentación. Y por otra parte detiene a nuevos dirigentes políticos, civiles que son apresados por manifestar su opinión, por reclamar ante la negligencia del gobierno nacional o incluso local, por manifestar ante la falta de agua, gas, combustible, fallas eléctricas, escasez de alimentos o papel moneda.

Luis De La Sotta Quiroga sigue preso en la Dgcim

A eso se le agrega la incapacidad que ha demostrado la institución castrense para responder ante el avance de los grupos irregulares armados, especialmente de paramilitares y guerrilla, ante quienes se presentan desdibujados, sin la fuerza para impedir la invasión de territorio, el uso de armas de guerra, el sometimiento de la población a fuerzas extranjeras, la imposición de medidas impuestas por grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización guerrillera que se ha fortalecido en territorio venezolano.

La guerrilla se ha enseñoreado en cientos de trochas existentes entre Colombia y Venezuela; se instalan con computadoras portátiles para chequear las identificaciones de quienes pretenden atravesar de un lado a otro de la frontera, lo que indica que los helenos tienen la base de datos que debería ser exclusivo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), porque pueden chequear a quienes estén o no inscritos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los pasaportes.

          Mirelys Zulay Contreras, ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela

Ni por orden del juez

A Franco lo detuvo, el 30 de diciembre 2019, en la comunidad Kumarakapay, una comisión de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en la comunidad Kumarakapay por funcionarios de la DGCIM. Lo trasladan de ahí al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, ubicado en Luepa.

El juez Mascimino Márquez

Es insólito la cantidad de delitos que le imputan a Franco, así como a los otros indígenas:

1. Conspiración en la forma política, previsto y sancionado en artículo 132 del código penal;

3. Sustracción de arma de fuego o municiones en resguardo, previsto y sancionado en el artículo 121 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones; Asociación para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT);

4. Uso de adolescente para delinquir, previsto y sancionado en el artículo 264, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente;

5. Porte ilícito de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 112, en relación con el artículo 4 de la ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones;

6. Aprovechamiento de la cosa proveniente del delito, previsto y sancionado en el artículo 470, del Código Penal.

Salvador Franco, indígena detenido por la Operación Aurora

Está escupiendo sangre, no puede respirar bien, está en estado de desnutrición

Sin orden alguna del Tribunal, el 13 de mayo 2020 sacan a Salvador Franco de la DGCIM Boleíta y lo llevan a la cárcel Rodeo II en Guatire, estado Miranda, donde permanece; desde que llegó a ese recinto carcelario presentó problemas delicados de salud, por lo que ha ido deteriorándose físicamente. Sus familiares han denunciado que escupe sangre, presenta desnutrición porque en la cárcel no les dan alimentación suficiente y él está muy lejos de su familia y de su comunidad.

Aunque fue presentado ante tribunales estuvo 56 días incomunicado, sin que se le permitiera contacto alguno con familiares ni con abogados. Aunque hubo denuncias públicas nada resultó. Los indígenas han sido tratados de manera muy cruel, de manera que no se supo nada de los detenidos hasta el 21 de octubre cuando se realizó la audiencia preliminar.

Ese día el juez Márquez García constató el evidente deterioro de salud de Salvador Franco y ofició a la cárcel del Rodeo II para que fuera traslado a un centro asistencial. El viernes 23 los abogados el juez le dijo a los abogados del Foro Penal que representan a los indígenas, que había oficiado el traslado de Franco, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

“Está escupiendo sangre, no puede respirar bien, está en estado de desnutrición”, denunció su hermana Liset Franco. Es necesario que la ministra de Asuntos Penitenciarios, Mirelys Zulay Contreras dé la autorización para que pueda ser trasladado a recibir atención médica.