Las recientes declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en las cuales aseguró: “No quiero estigmatizar a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos”, generaron una gran polémica en el país, entre quienes piensan que los extranjeros son los responsables de las crecientes cifras de inseguridad, particularmente en la capital, y quienes aseguran que las palabras de la mandataria fueron “xenófobas y discriminatorias”.
A pesar de la sensación en buena parte de la población, generada, en parte, por las repetidas menciones en los medios de extranjeros involucrados en delitos, la gran mayoría de los estudios concluyen que los migrantes no son responsables del aumento de la criminalidad.
Una investigación llevada a cabo por las organizaciones estadounidenses Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, concluyó que la idea de que los migrantes venezolanos son culpables del aumento en la tasa de crímenes en los países donde se refugia “son en gran parte infundadas”.
El estudio se realizó con base en la información recolectada en los países de Suramérica con mayor porcentajes de población venezolana: Colombia, Perú y Chile, y concluyó que, en términos generales, “los inmigrantes venezolanos cometen sustancialmente menos delitos que la población nativa con respecto a su proporción dentro de la población en general”, lo que confirma que las percepciones públicas de que la llegada de migrantes incrementa la criminalidad, son incorrectas.
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En Chile, por ejemplo, solo el 0.7 por ciento de las personas acusadas de algún crimen en 2019 eran venezolanas, mientras que los venezolanos representaban el 2.4 por ciento de la población en ese país; en Perú en el 2019 (basado en datos de encarcelamiento como indicador de tasas de criminalidad) el 1.3 por ciento de los presos eran extranjeros (incluyendo venezolanos y otras nacionalidades), mientras que los venezolanos representan el 2.9 por ciento de la población total del país.
Otro análisis, esta vez realizado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), confirma que, en general, las tasas de delincuencia en Colombia no se han incrementado por la llegada masiva de venezolanos, lo cual significa, asegura la fundación, que la ocurrencia de homicidios, lesiones personales, delitos sexuales y hurto a personas no pueden justificar por la migración.
De acuerdo con datos del Inpec, de las 118.769 personas que se encontraban privadas de la libertad el año anterior, 1.254 eran extranjeros y, de ellos, 753, venezolanos; es decir, el 0,63% de la población carcelaria de país, cuando, según el Dane, las personas procedentes del vecino país ya representaban el 3,4% de la población residente en Colombia.
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Estas cifras están en la misma línea de las arrojadas por la investigación de Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, que aseguran que solo el 2.3 por ciento de las personas arrestadas por delitos violentos en 2019 eran de origen venezolano, a pesar ser más de 3% de la población.
Sin embargo, si se tienen en cuenta los llamados delitos menores, la participación de venezolanos aumenta al 5.4 por ciento de todos los arrestos, lo que significa una tasa más alta que su proporción en la población. No obstante, las entidades destacan que la mayoría de estos delitos fueron denunciados en regiones fronterizas, lo que pude significar que son un reflejo de las redes de tráfico ilícito que operan a través de la frontera entre Colombia y Venezuela; además, aseguran que las regiones en las que los venezolanos fueron responsables de una mayor proporción de delitos son las mismas en las que enfrentan tasas más altas de desempleo, lo cual, afirman las organizaciones que realizaron el estudio, sostiene la teoría de que otorgar a los migrantes y refugiados acceso formal al mercado laboral podría reducir la incidencia del crimen entre la población migrante.
En conclusión, asegura el informe de Migration Policy Institute (MPI) y Brookings Institution, los inmigrantes venezolanos no generan un aumento en la criminalidad; por el contrario, sostienen las organizaciones, “la presencia de inmigrantes venezolanos contribuye a la reducción de las tasas de crimen, dado que los inmigrantes cometen delitos en una proporción menor a su porcentaje en la población. Incluso en el único caso en el que los resultados son más ambiguos, Colombia, los delitos atribuibles a venezolanos son delitos menores”.