Venezuela se levanta de nuevo para ejercer su derecho legítimo a la protesta, cuyo epicentro ha sido el estado Yaracuy en los últimos días, donde una vez más el régimen de Nicolás Maduro ha apelado a la brutal represión para callar un profundo malestar social debido a la crisis humanitaria sin precedentes que vive el país.

Aunque las manifestaciones en Venezuela, hasta los momentos no han llegado a la magnitud de las de 2014 y 2017. No se puede ignorar el hecho de que la ciudadanía asfixiada por la ausencia de calidad de vida, se viene expresando sin miedo en las calles, a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) 34 protestas pacíficas se registraron en 14 estados del país este sábado 26 de septiembre.

¿Por qué estos sistemas se empeñar en socavar el derecho a la protesta?

El analista político, Luis Vicente León, subraya que los venezolanos se mantienen en el marco legal que rigen a las democracias del mundo.

“Protestas espontáneas, como respuesta al deterioro exponencial del país y la caída dramática en su calidad de vida son naturales, justas y respaldadas por los derechos”, subraya.

Por lo tanto considera que, “reprimirlas es una acción bárbara, típica de las autocracias buscando generar miedo”.

Lo anteriormente expuesto, para el régimen no existe. En vista que bajo su degastada retórica insiste en calificar de “terroristas”, y “apátridas”, a todo aquel que represente a la disidencia. En medio de la alerta por el informe de la ONU que acusa a este sistema de cometer “crímenes de lesa humanidad”

Venezuela se levanta de nuevo para ejercer su derecho legítimo a la protesta

A raíz de un descontento que ha crecido en los últimos años, el régimen venezolano, al igual que otros sistemas autoritarios en la historia, ha buscado criminalizar este derecho, el cual está amparado por la Constitución de la República de Venezuela de 1999, Carta Magna que fue impulsada por el mismo Hugo Chávez en aquel recordado proceso constituyente.

Sobre esto, se pronunció a la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano, a través de su cuenta en Twitter. Vía por la que le recordó al régimen que el sagrado derecho a la protesta esta consagrado el artículo 68 del texto constitucional.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente sin armas sin otros requisitos que los que establezca la ley”, expresa dicho artículo.

Asimismo, “se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y seguridad en el control del orden público”.

A propósito de esto, la parlamentaria “el régimen debe saber que la brutal represión a la que someten a la nación, solo ratifica su condición de criminales de lesa humanidad”.

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