La Misión Internacional de la ONU presentó este 16 de septiembre, una investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, donde concluyeron que el régimen de Nicolás Maduro y  sus ministros de Interior y Justicia y de Defensa; así como los directores de los cuerpos de seguridad, están involucrados en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad.

“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales son ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura, constituyendo crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, citada en un comunicado.

Valiñas asegura que, las graves violaciones de DDHH denunciadas fueron perpetradas en operaciones realizadas por los cuerpos de seguridad afectos al régimen como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

La Misión Internacional investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron examinados a profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió otros 2.891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura ocurridas desde hace seis años.

En el informe describe la perpetración de 54 actos de ejecuciones extrajudiciales, 112 actos de encarcelamientos ilegales y 95 actos de tortura, tratos crueles o inhumanos que le permitieron indicar patrones de conducta más amplios en las violaciones y crímenes de DDHH.

“Las autoridades dieron ayuda esencial, incluido material, logística y recursos humanos, que era necesario para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, denuncia el informe, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el próximo 23 de septiembre.

Asimismo, aseguran que los Estados deberían considerar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los responsables de las violaciones y los crímenes identificados en el informe. Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), para que tenga en cuenta los hallazgos del informe y la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas.

La Misión reconoció “la naturaleza de la crisis, las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público”, Sin embargo, constataron que el régimen, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en el país.

Finalmente, recomendaron que la futura cooperación en materia de seguridad y las transferencias de equipo policial y militar estén sujetas a que Venezuela se comprometa a garantizar que sus fuerzas de seguridad cumplan sus obligaciones internacionales. Además de solicitar nuevas investigaciones por medio del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ya había denunciado esta situación en el mes de abril, al presentar una actualización del informe 2019 en el que manifestó que el gobierno usurpador había realizado detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas en el país.

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