Colombia tomó medidas de control en al frontera antes que el gobierno chavista, que en pocos días pasó de no tener ningún caso a tomar medidas radicales para tratar de evitar un brote masivo: “No hay como enfrentar al virus en condiciones normales”, advirtió un general
Por Sebastiana Barráez
Mientras que el viernes 13 de marzo, Nicolás Maduro decretaba el Estado de Alarma Nacional, que está contemplado en el artículo 338 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, un día antes, el 12 de marzo, había declarado la “emergencia permanente en el Sistema Público Nacional” de Salud en función de establecer mecanismos de prevención y contención del coronavirus (COVID-19).
Ese día dijo que no se había detectado ningún caso, pero al día siguiente la vicepresidente Delcy Rodríguez anunció los dos primeros. Maduro, en su alocución del jueves 12, y con la excusa del virus, se apresuró a solicitarle a Estados Unidos que levantara las sanciones que tiene impuestas contra Venezuela.
El domingo 15 ordenó que, a partir de este lunes 16 de marzo, se da inicio a la cuarentena selectiva en siete estados del país; Apure, Cojedes, La Guaira, Miranda, Zulia y Táchira, así como en el Distrito Capital.
Curiosamente no incluyó a todos los estados fronterizos, ni siquiera Bolívar que limita con Brasil, primer país de Latino América en presentar un caso de Covid-19, lo que ocurrió el 26 febrero y para el 8 de marzo ya tenía 19 casos. En Bolívar está la explotación de oro más importante de Venezuela en la zona que abarca el Arco Minero y donde hay grandes concentraciones de personas en los centenares de minas.
Ahora bien, el Artículo 338 de la Constitución establece que “Podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos y ciudadanas. Dicho estado de excepción durará hasta treinta días, siendo prorrogable hasta por treinta días más. La aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional”.
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Un alto oficial explicó a Infobae que “no existe una Ley que regule este caso en particular que estamos viviendo en este momento”. Recordó que Venezuela es el único país que tiene dos estados de excepción activos: el de Alarma, que acaba de emitir Maduro, y el estado de Excepción y de Emergencia Económica que arrancó el 9 de enero 2018 con el decreto 3.239, publicada en la Gaceta 6.356 y que desde entonces ha sido prorrogado reiteradamente, siendo la última vez el 5 de marzo 2020, según Gaceta Oficial 6.515 con el número de decreto 4.145.
“El estado de Excepción, por su naturaleza, le permite suspender o limitar algunos derechos, menos los fundamentales de derecho a la vida y la libertad, pero los demás sí puede restringirlos con limitaciones. Es por ello por lo que las personas que no obedezcan esa restricción pudieran estar incumpliendo las disposiciones del gobierno”.
En cuanto a las sanciones “les pueden aplicar cualquier cosa dependiendo del interés que tengan, desde traición a la patria hasta rebelión, alegando que son personas que no están colaborando para mantener la calma en el país y alterando el control que esté ejecutando el personal militar”.
A juicio del general consultado, la Fuerza Armada no tiene ningún elemento legal que regule esos comportamientos. Incluso, cuando ocurrió el Caracazo, la Fuerza Armada actuó sobre la base exclusiva de las órdenes del Plan Ávila, que después se llamó Plan Guaicaipuro.
“Ese Plan permitía hacer uso de las armas en los tres segmentos que contempla el Reglamento de Servicio en Guarnición que, aunque es bastante viejo aún está vigente, y en el que se establece que las armas pueden usarse cuando las tropas son atacadas con armas de fuego, cuando peligre la misión o cuando se haya agotado todos los medios pacíficos”.
“El régimen no se detiene cuando de hacer uso de las armas se refiere, independientemente si se han cumplido o no las condiciones establecidas”.
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Insistiendo con Colombia
Agrega el general que “la intención del Gobierno, a pesar de tener poco más de 10 casos confirmados, quiere mantener a casi toda la población en sus casas, siendo evidente que la cuarentena paralice a los estados donde hay mayor concentración de personas, lo cual tiene mucho que ver con el tema de la gasolina, de los alimentos y quizá con las movilizaciones populares”.
No descarta de manera alguna que “esta cuarentena tenga como finalidad evitar la propagación del virus y están optando por la medida más radical, porque saben que no hay cómo enfrentar el virus en condiciones normales, por el mal estado en el que está toda la estructura médico-sanitaria”.
Destaca que “los venezolanos no somos los chinos, a quienes dominan y controlan las fuerzas del Estado, sino que la gente va a pretender salir, caminar, y eso va a propagar el virus”.
Por otra parte, lo que ha resultado muy evidente es la insistencia de los principales voceros del gobierno de Maduro, incluyéndolo a él, en crear puentes con el gobierno colombiano de Iván Duque.
“Solicitamos a la OMS y la OPS interceder ante el gobierno de Colombia para propiciar la coordinación y comunicación entre nuestras autoridades de salud. Es hora de la coordinación sanitaria para atender y proteger la vida de los pueblos de la frontera. ¡Llamó a la Sensatez!”, clamó Maduro.
La vicepresidente Delcy Rodríguez dijo, por su parte, que “hemos activado los canales diplomáticos correspondientes con el sistema de Naciones Unidas para establecer las coordinaciones sanitarias debidas que posibiliten los controles requeridos para el combate de esta pandemia global. Exigimos responsabilidad al señor Iván Duque”. Incluso recurre a este argumento: “Queremos alertar al hermano pueblo del Norte de Santander que uno de los ocho venezolanos que hoy salieron positivo al coronavirus provino de Cúcuta. Urge coordinación entre las autoridades sanitarias de Colombia y Venezuela por el bienestar de ambos pueblos. Debe cesar la insensatez”.
El 12 de marzo el canciller venezolano Jorge Arreaza publicaba en sus redes sociales: “A pesar de numerosos intentos, los cancilleres de Colombia y Brasil no han atendido nuestras llamadas telefónicas. Exhortamos a la reflexión y responsabilidad: más allá de las diferencias, debemos atender en conjunto las amenazas del Covid-19 para proteger a nuestros pueblos”.
El Gobierno de Maduro ha insistido públicamente, pero también lo hace por canales más diplomáticos, usando a algunas figuras a nivel mundial, que aún le contestan el teléfono, para que intercedan con Duque y éste deponga su actitud, con el argumento de olvidar los rencores ante la pandemia.
Hasta ahora el primer mandatario nacional de Colombia, no se da por aludido. Implementó, antes que Venezuela, medidas de control en los pasos fronterizos entre Táchira y Norte de Santander, imponiendo la obligación de usar tapabocas mientras le suministraban un chorrito de gel en las manos de quien atravesaba la frontera. Después Iván Duque decidió cerrar sus fronteras con Venezuela
Información de Infobae