La extraña ola de allanamientos a Pequiven S.A. y Monómeros Colombo Venezolanos S.A. tiene una razón y es económica.

Luego de cambios internos, la empresa tomó la decisión de cortar en seco con uno de los principales beneficiarios contratistas de la dictadura que encabeza Nicolás Maduro.

El Grupo Merco llegó a controlar el 70% de las operaciones de la empresa, por la vía de contratos leoninos otorgados a dedo por la administración de Nicolás Maduro. El monto de los mismos ascendía a casi 30 millones de dólares en tres años y siete meses, y se le entregó, un anticipo de casi cinco millones de dólares durante el 2017, una cifra no contemplada en la licitación.

¿Pero por qué ahora? La razón es que fue recientemente que la Junta Directiva tomó la decisión de comenzar a rescindir estos contratos. Este paso no se había dado anteriormente por la influencia ejercida por Humberto Calderón Berti sobre parte de la directiva y el gerente general, a quienes recomendó lo que él llamó la política del “Soft Landing”.

Dicha política, tal y como fue expuesta por Calderón Berti a la junta en varias ocasiones, consistía en no cambiar la gerencia heredada para mantener a los mismos contratistas que se han beneficiado irregularmente de la dictadura y la crisis venezolana.

Aparentemente esta política del “Soft Landing” no era resultado de una necesidad gerencial a favor de la empresa sino de intereses a favor de particulares. Por ello, ante la llegada de la nueva junta, el ministro consejero y mano derecha de Humberto Calderón Berti fue el interlocutor del ex-embajador venezolano con el contratista Reginaldo Pérez.

¿Por qué los allanamientos esta semana? Todo debido a que precisamente esta semana se rescindieron dos de los contratos que ascendían a un monto de casi treinta millones de dólares en un período de tres años.

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