La información proviene de la Florida International Bankers Association, FIBA. En una reciente conferencia, los banqueros analizaron las últimas medidas de la OFAC y su impacto en los clientes venezolanos y la banca. Cuando se habla de clientes, se refiere a particulares y corporativos.
Juan Carlos Zapata (KonZ)
En el encuentro, los banqueros no dejaron cabo suelto. Señala la fuente que todo se centró en “la preocupación de la banca en atender clientes venezolanos”. Es decir, a quiénes hay que atender, a quiénes no, qué deben averiguar, bloquear y reportar”. Los expertos conocen al detalle la situación.
Los analistas están “muy al día con la situación, la dolarización, reducción y contracción de la economía venezolana. Igualmente están al día con las estructuras de Rusia, Turquía, China hechas para evadir sanciones”.
Dijo la fuente que la conferencia arrancó con el impacto y zozobra que causó la orden ejecutiva 13484 del 6 de agosto de 2019, que impuso un bloqueo total a lo que la misma orden define como “Gobierno de Venezuela”.
-En esta definición se amplió ese concepto e incluyó, como sabemos, a todas aquellas personas que hayan apoyado financiera o materialmente al gobierno de Venezuela. Esto causó revuelo ya que el verbo “hayan” no establece límite de tiempo, por lo que se llegó al absurdo que se debía bloquear a cualquier persona que haya servido al gobierno de Venezuela, incluso antes de Hugo Chávez. Las normativas del Fincen siempre hablaron de “senior government officials” y ahora la OFAC habla de cualquier persona. Por lo que estas nuevas sanciones abrían la puerta a bloquear a cualquier persona sin importar el nivel de relación que tengan con el gobierno, el bloqueo abarcaba desde el ejecutivo de más alto rango en PDVSA y/o las empresas mixtas, así como a la mujer que le vende cafés a los funcionarios en PDVSA y/o empresas mixtas en la calle.
Entonces se encendieron las alertas. Los bancos reaccionaron bloqueando, cerrando, suspendiendo cuentas de venezolanos, hasta que la FIBA se acercó a la OFAC, solicitando explicaciones. “Esta incertidumbre motivó a la FIBA a acercarse a la OFAC. Posteriormente, en medio del caos y mucho lobby apareció la licencia general 34 el 09 de septiembre pasado, que expresamente autoriza que se desbloqueen todas las cuentas de ciudadanos o residentes americanos, exfuncionarios y excontratistas del gobierno que hayan tenido las cuentas bloqueadas. Aunque esto no es un desbloqueo automático, se aclaró que las cuentas que tengan estas personas no deben ser bloqueadas, en ningún caso, salvo que en un futuro violen las sanciones”.
Fue concluyente, para las autoridades, que “las cuentas de ‘contratistas activos deben ser bloqueadas’. Por lo que cualquier pago (salvo aquellos de empresas mixtas con Chevron, pues tienen licencia para operar hasta el 25 de octubre 2019) que venga de una factura reciente nos califica como ‘contratistas activos’, lo que lleva no sólo al bloqueo de la cuenta reportada sino de las demás cuentas conexas en EE.UU”.
Se dijo, también, que a un excontratista de PDVSA, que haya operado antes de las sanciones, y que mantenga acreencias con la empresa, no se le puede bloquear la cuenta.
Pero la vigilancia es extrema. La fuente indicó un abanico de asuntos que convierten a los bancos en detectives. “Ellos van a averiguar todo lo que puedan sobre ti, para buscar la conexión más mínima” con el gobierno de Nicolás Maduro. Por ejemplo, el servicio World Check “contiene 605 personas relacionadas con el régimen de Maduro, por lo que si en esa búsqueda aparece la más mínima relación con alguno de estos individuos, se levantan las alarmas en los bancos”.
Pidieron estar alertas a los detalles, por ejemplo un contrato mal hecho que sirve de soporte de un pago. Cualquier transacción hoy en día en Venezuela como está, que sea de gran magnitud la consideran automáticamente reportable. Saben que quien tenga 5 millones de dólares para comprar una casa en Caracas es porque está vinculado de alguna manera con el gobierno. Alertaron que es muy probable que clientes con contratos en la Faja del Orinoco, probablemente hayan incurrido y violado las normas FIPA contra los sobornos y prácticas corruptas en el extranjero. La licencia 8C de Chevron sería sólo válida para contratos celebrados con las empresas mixtas de Chevron antes de julio de 2019. Nombraron un caso de una venta de un hotel (que no se ha materializado) en Caracas por 20 millones de dólares. “Se determinó que era una empresa vinculada al sector eléctrico por lo que se levantaron las alarmas y acordaron no darle curso y la operación entró en proceso de investigación”.